Opinion | 29 Ago Todo indica que desde el frustrado intento de promover la “madre de todas las reformas”, anunciada con bombos y platillos por el entonces presidente Tabaré Vázquez, el Frente Amplio se ha “quedado sin nafta” para llevar adelante un proceso de estas características, por su complejidad y costos políticos, pese a que en la campaña electoral y a poco de asumir el actual jefe de Estado José Mujica, reafirmó la necesidad de reformar el Estado para que pueda cumplir cabalmente con las funciones asignadas por ordenamiento institucional.
Mujica se ha quejado amargamente en más de una oportunidad --y se lo ha espetado a los dirigentes de los sindicatos de funcionarios del Estado-- de que hay una burocracia y un statu quo que pretende mantener todo como está y oponerse de plano a todo intento por modificar este estado de cosas.
Pero una cosa es manifestarlo y otra pasar a los hechos, que es en lo que está omiso el presidente, como lo estuvo su antecesor. Primero porque dentro de la fuerza de gobierno hay sectores claramente enfrentados en torno a este punto específico, si tenemos en cuenta que los sectores más radicales y los de la izquierda ortodoxa siguen apostando a la solución mágica de todos los males a través del Estado, cuando en realidad éste es el problema y no la solución.
Por supuesto, el Pit Cnt, constituido fundamentalmente por las representaciones de las gremiales de funcionarios del Estado, se opone tenazmente a todo lo que signifique “amenazar” la estabilidad laboral y la inamovilidad de que gozan los funcionarios estatales, y a la vez ha liderado campañas, incluyendo plebiscitos contra leyes que habían sido aprobadas durante gobiernos de los partidos tradicionales, por si estos instrumentos legales implicaban una “privatización” aun parcial que pudiera amenazar remotamente los empleos dentro del Estado.
A estas campañas se sumó todas las veces el Frente Amplio, pero a la hora de gobernar se ha encontrado con que aquellos aliados de ayer son el gran obstáculo para siquiera encaminar alguna tímida reforma dentro del Estado, el que sigue intocable en su burocracia e incluso, lejos de reducirse a niveles manejables para que no pese tanto sobre los sectores que crean la riqueza, día a día siguen ingresando funcionarios de confianza del gobierno de turno.
Pese a estos fracasos, la Administración Vázquez primero y el gobierno de Mujica después, han intentado “driblear” las limitaciones, burocracia y pesadez de las instituciones y empresas del Estado, dejando las cosas tal como están pero a la vez creando varias empresas públicas regidas por el derecho privado para hacer lo que no se puede hacer por impedimentos legales y constitucionales en el marco del funcionamiento de las instituciones estatales.
Ocurre que así como está bien el procurar la mayor gobernabilidad posible, para sortear la incapacidad de gestión dentro del Estado, se generan a la vez consecuencias colaterales que conspiran contra la transparencia y controles que deben regir en toda administración de los dineros y bienes públicos, por lo que en los hechos se ha pasado de un extremo a otro por no hacer lo que se debe hacer pese a la oposición de gremios a los que solo les interesa defender sus intereses, que están lejos por cierto del interés general.
De acuerdo a informes de especialistas en derecho administrativo, hay actualmente 45 sociedades anónimas cuya propiedad es total o parcialmente de entidades estatales, con un crecimiento explosivo desde que el Frente Amplio asumió el gobierno.
El columnista de EL TELEGRAFO, Dr. Rodolfo Canabal, coincide con esta visión en su carácter de constitucionalista y advierte que estamos ante una situación preocupante, si se tiene en cuenta que se elude el control regular de la gestión de organismos que administran fondos públicos, y cuyo manejo por lo tanto debe estar sometido al control normal que el régimen jurídico prevé para organismos y fondos públicos.
Y si bien desde el punto de vista de la gestión de gobierno puede compartirse que se intente por vía indirecta gestionar empresas fuera del corsé que impone la burocracia y las serias regulaciones del Estado en materia de compras, licitaciones, etcétera, para agilizar su funcionamiento a través del derecho privado, el intento de hacerlo por fuera de normas de control revela primero falta de decisión manifiesta para reformar realmente el Estado en la medida que reclamamos la gran mayoría de los uruguayos de a pie.
Y por otro lado siempre constituye un elemento de riesgo la incorporación de un “paraestado” que no tiene control parlamentario, que actúa por sí y ante sí, y que aunque no sea la intención, puede prestarse para manejos inapropiados de funcionarios venales, que los hay en todos los gobiernos, como ha quedado harto demostrado.