Nacionales | 30 Ago El Poder Ejecutivo remitió a consideración de la Asamblea General el proyecto de ley referente al Convenio “Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, firmado en la ciudad de La Haya. En países que no son parte del Convenio de la Haya, los documentos públicos emitidos que tendrán efectos jurídicos en otros países, deben seguir un procedimiento en cadena de legalizaciones que involucra la participación de varias autoridades para obtener validez en el extranjero. Lo mismo ocurre con documentos de otras naciones y que deben ser legalizados en el consulado uruguayo más cercano para tener validez en ese país.
Con el fin de facilitar la circulación de documentos públicos, en la convención, suscripta el 5 de octubre de 1961, se estableció el sistema de la Apostilla de la Haya. Es decir, se reemplazarían las formalidades de la legalización por medio de la emisión de un sello, denominado apostilla. El trámite consistiría en colocar sobre el documento, título o diploma un apostillado o anotación que certificaría oficialmente la autenticidad del original expedido. La misma debería redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida y el título Apostille (Convention de La Haya du 5 octobre 1961), debería mencionarse en lengua francesa.
Países como Uruguay se encuentran en desventaja frente a Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú, Estados Unidos, Venezuela, la mayor parte de los europeos y Australia, los cuales vienen intercambiando en forma simplificada documentos en el extranjero. La propuesta beneficiaría a ciudadanos uruguayos en el exterior en consecuencia a su esfuerzo, tiempo insumido y costo de dinero de la cadena. A su vez, indirectamente facilitaría la inversión extranjera y haría más amigable al Estado frente al ciudadano. Salvo Brasil, Chile y China, todos los demás países con los que se mantiene comercio se encuentran incluidos en el convenio.