Opinion | 03 Sep A partir de octubre, representantes del Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales y dirigentes gremiales analizarán modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva, en reuniones en las que se planteará la consideración de un tema ríspido y que ha signado la relación entre empresarios y sindicatos en los últimos años a partir de la consideración de las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga.
Desde el 10 de octubre este ámbito tripartito será escenario de la discusión de un punto que se incorporará a partir de negociar la modificación de esta ley, en base al acuerdo logrado tras la visita de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Uruguay, que planteó su inquietud al respecto.
La OIT ha recomendado al gobierno “velar” por los intereses de los trabajadores no huelguistas y de empresarios que quisieran ingresar a sus empresas cuando estuvieran tomadas por sindicalistas, que es un aspecto que debería estar en la tapa del libro en cualquier relación laboral, pero que en nuestro país ha sido motivo de fuerte distorsión a partir de la impronta impuesta por los sindicatos, con la tolerancia o aquiescencia del Poder Ejecutivo. El hecho de pretender equiparar la toma de lugares de trabajo a una extensión del derecho de huelga es claramente una violación del derecho al trabajo que tienen aquellos obreros que no comparten la medida de fuerza y a los que sin embargo les es vedado este derecho por otros trabajadores que quieren imponer su punto de vista por la vía de los hechos.
La OIT ha entendido que este punto debe ser motivo de negociación entre las partes involucradas y se ha decidido incorporarlo a la agenda de diálogo en base a las observaciones del organismo internacional.
El hecho de que el tema se discuta, más allá de los avances o acuerdos que finalmente se logren es ya un elemento positivo, por cuanto para los sindicalistas, con el apoyo del gobierno, no había posibilidad de discusión al respecto, lo que en su momento favoreció las ocupaciones “salvajes” y presión indebida sobre trabajadores que no adherían a la medida de fuerza, a la vez de constituir en los hechos una apropiación de lugares de trabajo privados, con la aquiescencia de un Poder Ejecutivo que no cumplió con su rol de neutralidad en el diferendo y tomó inequívocamente partido por una de las partes.