Hoy resolvería la jueza

Locales | 06 Sep Por más de 200.000 pesos sería el presunto desfalco cometido por una funcionaria de la oficina local de la Dirección Nacional de Identificación Civil, cuyo proceso de investigación comenzó la semana pasada, tuvo su culminación el viernes y ya fue denunciado ante la Justicia penal sanducera.
Las irregularidades con el manejo de la recaudación de los valores de cédulas de identidad y pasaportes fueron analizadas por un investigador especial enviado por la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) que estuvo trabajando en Paysandú desde el viernes, y presentó un informe primario a la jueza penal.
Una sola persona
El presumible delito habría sido cometido por una sola persona, aunque varios funcionarios de la dependencia local del Ministerio del Interior pasaron por el interrogatorio a que los sometió el investigador especial enviado desde Montevideo cuando se confirmaron algunas sospechas. Es así que el comisario inspector citó a varios funcionarios a la sede de la Jefatura de Policía, donde cumplió --sin intervención de efectivos locales-- con una “investigación de urgencia, aunque aún no hay nada certero”, dijo a EL TELEGRAFO el director nacional de Identificación Civil, inspector mayor y abogado Ruben Amato. El jerarca aclaró ayer de tarde que aún no había recibido “el informe del investigador sobre la presunta irregularidad”, aunque “lo recibiré hoy y tomaré contacto con los detalles de lo que encontró”. Dijo que después de darle lectura e informarse en detalle, tomará una decisión sobre el tema.
A la justicia penal
Reconoció que el mismo viernes el funcionario enviado, habida cuenta de la información que había logrado reunir, presentó la información en el Juzgado Penal, de manera que este poder esté informado de las actuaciones y, si lo considera, actúe en consecuencia.
No obstante, a nivel de la DNIC puede haber una investigación especial, ya que “la fase administrativa es aparte de lo que resuelva el Poder Judicial”, dijo el director Amato, agregando que --sin que sea éste el caso-- por ejemplo “puede haber una falta administrativa grave que no necesariamente implique un caso penal porque no hay delito”.
La jueza penal de Segundo Turno, Alicia Meneses, confirmó a EL TELEGRAFO que en su órbita se está siguiendo la instancia correspondiente en este caso de presunto desfalco, sin agregar más datos por el natural secreto que debe mantenerse sobre la investigación.
Las maniobras
Según pudo saber EL TELEGRAFO, la persona implicada contaba con los elementos necesarios en su propia casa para poder instrumentar la forma en que desarrolló la aparente falsificación de documentos como recibos, teniendo además la posibilidad de disimular el hecho en el sistema informático con el que fue dotada la oficina local de la DNIC, por la cual se lleva un registro minucioso de los movimientos, tanto para pasaportes como para cédulas de identidad.
La maniobra, aparentemente, estaría vinculada a los documentos cuyo trámite se cobraba en la propia oficina y no los que se hacían por algunos de los centros de cobranza externos.
Se indicó extraoficialmente que la falta de la cantidad necesaria de funcionarios para el movimiento que tiene la oficina (más de dos mil documentos mensuales), habría determinado que los controles de supervisión no fueran tan rigurosos, sumado al hecho que la persona implicada –suboficial con mucha antigüedad en el cargo-- contaba con la confianza de sus superiores. Desde junio, la dependencia fue dotada con cuatro funcionarios más, llegando a once.