Opinion | 07 Sep El reciente informe divulgado por EL TELEGRAFO por el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) indica que existe un 31 por ciento de trabajadores en actividad que no aportan al BPS y naturalmente a ningún otro organismo del Estado, lo que se da exclusivamente en el sector privado.
Este guarismo pone de relieve que estamos ante un escenario diverso, desde que el informalismo es prácticamente nulo dentro del Estado, y que en el caso de la actividad privada casi un tercio de quienes trabajan lo hacen en negro, lo que no solo significa retacear recursos que deberían ir al Banco de Previsión Social, sino que mucho peor aún, desde el punto de vista social estos sectores no tienen ningún tipo de cobertura y quedan al margen de la posibilidad de acceder a una pasividad al fin de su vida activa.
Con escasas variaciones, estos porcentajes son similares para todos los departamentos, aunque hay realidades que van cambiando de acuerdo al escenario local, por cuanto en el caso de Paysandú y Salto, --como así también en otras áreas fronterizas-- tenemos por ejemplo que existe una actividad informal “subterránea” basada en el negocio del bagayo, que no es solo quien trae para su consumo mercadería desde la vecina orilla, sino que existe un trasiego sostenido para comercialización como un modo de vida permanente por numerosas personas, con distinto grado de volumen y “mercado”.
Debemos tener presente por lo tanto que hay números que deben ser tomados con pinzas a la hora de evaluar situaciones de informalidad, y tenemos la realimentación de un fenómeno por el que en realidad todos perdemos, aún aquellos que obtienen pingues ganancias económicas en primera instancia, al no volcarse nuevamente al mercado buena parte de los salarios tanto públicos como privados que se pagan en Paysandú, lo que significa caída de actividad, evasión fiscal y pérdidas de empleos genuinos por una reducción de la rentabilidad de empresas.
Mientras tanto, en declaraciones al diario La República, el presidente del Directorio del BPS, Ernesto Murro, indicó que este viernes el organismo divulgará las cifras de 2010 para todo el país, y adelantó que de acuerdo a estos estudios la informalidad bajó a menos del 23 por ciento y que los afiliados superan el millón 400.000, cuando históricamente no se llegaba al millón, aunque sí se ha sido superando esa cifra constantemente en los últimos cinco años. Es positivo que se esté logrando la reducción de la informalidad, igualmente, la que se situaba en el orden del cuarenta por ciento en 2004, pero seguimos todavía lejos del ideal o siquiera de lo razonable, pese a que se han instrumentado mecanismos como el monotributo, pensado para los cuentapropistas y pequeños emprendimientos que aún trabajan al margen del sistema regular.
Ocurre que estas pequeñas economías tienen el común denominador de ingresos inestables y promedialmente magros, por lo que muchas veces resulta difícil destinar mes a mes determinada suma para los aportes, teniendo en cuenta las dificultades que se plantean para satisfacer las necesidades de todos los días de una familia, por lo que en estos casos, salvando situaciones particulares, existe un factor social muy difícil de superar cuando se plantean disyuntivas de hierro.
Lo mismo sucede con pequeñas empresas de pocos empleados que tienen total o parcialmente a trabajadores en negro, con serias dificultades para mantenerse aún parcialmente en la formalidad, sobre todo cuando a la vez –ello se da por ejemplo en ciudades fronterizas como Paysandú– deben hacer frente a la competencia desleal de quienes no realizan ningún tipo de aportes o venden mercadería ingresada de contrabando.
Estos elementos dan la pauta de que a medida que se ha ido abatiendo la informalidad desde valores del orden del cuarenta por ciento –seguramente ha incidido también la mejora de la situación económica del país, para incorporar más cotizantes— nos estamos acercando gradualmente al “núcleo duro” del informalismo, donde inciden factores estructurales del tejido socioeconómico, a lo que se agrega la brecha entre ingresos y lo que se requiere mínimamente para llevar una vida decorosa, máxime si no se cuenta con vivienda o local propio, como se da en tantos casos.
Ello indica que además de las campañas de promoción del monotributo, el extender los controles y sancionar a los omisos resulta harto complejo modificar una realidad en la que solo queda elegir entre una opción menos mala que otra, si es que no se logra un salto de calidad en el tejido socioeconómico del país, que dé margen real para que quienes se encuentran en el informalismo puedan integrarse al BPS y al esquema regular de aportes sin por ello condenarse a caer aún más en su calidad de vida.