Opinion | 06 Sep Recientemente UTE abrió la licitación convocada para la producción de energía eléctrica a partir de biomasa, por un total de 96 megavatios y con suministro firme, es decir durante todo el año, en el marco de un llamado que presentó características distintas a la modalidad utilizada para la eólica, en la que sí hay competencia de precios y selección de los ganadores.
En esta oportunidad quienes se presentaron a la convocatoria contaban con un precio mínimo de 92 dólares por megavatio generado, que había sido fijado por decreto sobre fines del año pasado, y todos los proyectos que se elevaron podrán firmar un contrato de comercialización con UTE por veinte años, tratándose de emprendimientos a instalarse en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Lavalleja y Durazno, donde hay buena disponibilidad de desechos forestales y cáscara de arroz.
Es positivo que la licitación incluya propuestas de generadores ya de cierta envergadura, si se tiene presente que por ejemplo la empresa Bioenergy presentó dos ofertas de veinte megavatios cada una para instalar centrales de biomasa en Paso de los Toros, en tanto cinco firmas elevaron propuestas por una potencia de diez megavatios, una por 3,5 y otra por 2,5.
Tras estos casi cien megavatios por biomasa queda pendiente la incorporación de una potencia similar para el objetivo de sumar 200 megavatios de generación por biomasa a través de empresas privadas, de acuerdo al decreto publicado por el Poder Ejecutivo, que se espera sumar a los emprendimientos sobre la base de energía eólica, a la que el Poder Ejecutivo parece apostar prioritariamente, de acuerdo a lo manifestado recientemente por el presidente José Mujica, quien estimó que el potencial en costos e interés de empresas en este impulsor renovable es superior al de la biomasa en el Uruguay.
Ocurre que hace pocas semanas operadores privados habían mostrado inquietud respecto a los problemas de rentabilidad de los proyectos de generación por biomasa, debido a los costos operativos y del hecho de que el gobierno no se manifestaba “razonable” en cuanto a los pisos de precios a pagar por el megavatio hora, al punto de poner en duda que hubiera quienes se presentaran a este llamado.
Finalmente han sido nueve proyectos que han tomado estos precios como valederos, pero no debe perderse de vista que proyectos anteriores por biomasa se encuentran atrasados en su ejecución, y ello se debe a problemas de costos y retorno de la inversión fundamentalmente, porque muchos empresarios no aquilataron en toda su magnitud el real monto de la inversión, las dificultades inherentes al mantenimiento de las instalaciones y precio de la materia prima con los valores que paga UTE.
En el caso de las licitaciones eólicas los precios que propone el organismo rondan los 90 dólares el megavatio, en tanto en la generación por biomasa la asociación de generadores plantea que no debería pagarse menos de 110 dólares, teniendo en cuenta la “complejidad” en el aprovisionamiento y transporte de materia prima, a lo que se agrega el tipo de cambio.
Evidentemente, si bien los empresarios están defendiendo sus intereses, y existen diferencias de costos con la energía eólica, el Poder Ejecutivo y en este caso UTE debe tener presente que seguimos ante un fuerte déficit en respaldo de generación, que lejos de tender a revertirse, se agrava con el paso de los años por una mayor demanda de energía eléctrica, y que en épocas de sequía la situación pasa de castaño oscuro.
Por lo tanto estamos ante una serie de componentes de la ecuación que deben ser evaluados en el contexto de una política de Estado que apunte a cambiar este escenario negativo mediante el estímulo a la instalación de generadores por energías alternativas al petróleo y la hidráulica, porque hasta ahora, ante el déficit en períodos críticos hemos apelado a la compra de electricidad a países vecinos que nos la venden a precio de oro, llegando a valores de hasta los 400 dólares el megavatio.
En Europa, donde efectivamente se estimula la producción por estos energéticos, se están pagando valores mínimos de 140 dólares el megavatio y hasta de 200, mientras en nuestro país se han aplicado “pisos” que resultan frustrantes para las empresas que no tienen sus propios desechos forestales, y que naturalmente trabajan con mayores costos que aquellas que deben abastecerse de materia prima en un mercado que se presenta complejo.
Igualmente, hay signos de un aggiornamiento del ente a la realidad, y a principios del mes pasado el Directorio de UTE aprobó establecer un incentivo a través del pago de 110 dólares el megavatio de biomasa en caso de concretar el proyecto antes de 2014.
Estamos por lo tanto ante una buena señal, frente a tanta reticencia en hacer lo que debió hacerse hace ya varios años para no seguir corriendo de atrás a los problemas, y sí es de lamentar que no se haya tenido mucho antes la visión de pensar y actuar con concepto de país, en lugar de priorizar el mantenimiento de “chacras” de poder y recelos impropios entre organismos que deberían cinchar todos en la misma dirección.