Paysandú, Martes 13 de Septiembre de 2011
Locales | 09 Sep Si bien Lorena Severo Pérez y su madre se mostraron conformes con la resolución del Tribunal de Apelaciones de Familia, la hermana de Romina aseguró que para ella “cinco años no son nada”, apreciación compartida por Zulema Pérez –madre de Lorena--. “A mí me hubiera gustado que fueran muchos más”, señaló Lorena.
El fallo significa “un paso importante” tanto para la familia como para el Movimiento Social Romina Severo, dijo la joven, quien dirige la organización y además integra la Comisión Nacional por la Seguridad como familiar de víctima del delito.
Recordó que desde su conformación, el movimiento social entendió la urgente necesidad de impulsar la concreción de cambios a nivel legislativo, que se resumieron en “mantener los antecedentes de los menores infractores al cumplir la mayoría de edad”, establecer “penas acordes con los delitos cometidos, rebaja de la edad de imputabilidad y creación de un instituto de rehabilitación”.
Entre las acciones emprendidas se destacan varias marchas y la comparecencia ante el Parlamento para expresar la necesidad de cambios en materia de leyes. Severo destacó que a partir de entonces el poder político nacional comenzó a escuchar los reclamos de gente sanducera y resaltó que los partidos comenzaron a tratar el problema desde un punto de vista distinto, en tanto la comisión bicameral designada para tratar el tema de los menores infractores “se pronunció para modificar leyes y artículos”.
Consideró que “el proceso fue lento” y sufrieron “un gran desgaste”, pero siempre contaron “con el apoyo incondicional de los medios de comunicación” al que sumaron representantes de partidos políticos. La entrevistada se mostró satisfecha por la aplicación del concepto que señala que “a mayor delito corresponde mayor pena” y porque se mantendrá en el INAU a los infractores que causaron la muerte a su hermana, hasta tanto se establezca un instituto especial. “Se ha sentado un precedente y ha habido un cambio”, dijo.
“Los delincuentes juveniles van a tener que pensar dos veces antes de robar, matar o violar porque ahora se les va a aplicar las penas como corresponde. Ahora la ley y quienes la aplican les van a caer con todo el peso, mirando a quiénes están juzgando y valorando lo que hicieron antes”, finalizó.
Daniel Campa, que integra el movimiento, aseguró la lucha en busca de una Justicia rigurosa que impulsa el grupo no culmina con el presente fallo judicial, porque “quedan cosas por hacer”. Por el contrario, la sentencia otorga más fuerza para continuar peleando por una sociedad más justa.
“La seguridad en el país no se soluciona con un par de medidas y la responsabilidad la tienen los legisladores”, finalizó.
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