Paysandú, Martes 20 de Septiembre de 2011
Locales | 18 Sep Los catorce funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (INC) del vivero de la Colonia Ros de Oger decidieron interponer un recurso contra la decisión del Directorio del organismo que los mantiene como funcionarios contratados, cuando el organismo ha presupuestado a todos sus demás empleados, confirmó a EL TELEGRAFO el asesor legal del grupo, Dr. Juan Lamas.
Por lo tanto los afectados se mantienen disconformes con esta resolución, por lo que han expresado su malestar contra este organismo y contra la propia Intendencia sanducera, al entender que ambas entidades han negociado entre sí la suerte de los funcionarios, sin haberlos convocado a esos efectos.
Durante la Administración Pintos se había suscripto un convenio que acordó la incorporación de estos funcionarios como empleados municipales a partir de marzo de este año, tras un período de estar en comisión, debido a que ésta fue la salida que se encontró a la decisión del INC de prescindir del vivero, y por ende darles esta opción o la de ser redistribuidos en otras dependencias en calidad de contratados.
Los funcionarios entendieron que la salida menos mala era la de no desarraigarse de su lugar de trabajo y residencia --área de Quebracho-- y el estar trabajando en la Intendencia implicaba tener esta posibilidad, aunque había varios aspectos legales a sortear, en cuanto al monto de la remuneración –la del municipio es inferior-- y no haber marco legal para este tipo de traspaso, según destacó en su momento el doctor Lamas en sus reparos a este convenio.
Asimismo la negociación establecía el traspaso del predio e instalaciones del vivero en comodato a la Intendencia Departamental, a efectos de poder reconvertir este complejo para el sector del turismo, por un convenio que estaba ligado al anterior. Al quedar sin efecto el traspaso de funcionarios, se está manejando la posibilidad de un acuerdo entre el INC y la Intendencia para darle destino turístico a una franja del vivero, para lo que se ha encarado la correspondiente negociación, desde que el municipio considera de interés llegar a un arreglo.
Retorno como alternativa a incumplimiento
Lamas, consultado por EL TELEGRAFO, recordó que en su momento el presidente del INC, Andrés Berterreche, había manifestado a los funcionarios en termas de Guaviyú que en caso de que la Intendencia decidiera no dar lugar al convenio para el traspaso de funcionarios, éstos podrían volver al INC en calidad de presupuestados, lo que ahora precisamente están reclamando los involucrados.
“Los funcionarios interpusieron recurso contra la decisión del Instituto, que dispuso su retorno como contratados, porque si bien su aspiración era la de volver, son los únicos funcionarios que quedan sin presupuestar dentro del organismo, por lo que estamos ante una discriminación. Debemos tener en cuenta que durante el período en que pasaron en comisión a la Intendencia fueron presupuestados todos los demás, y es obvio que aunque se esté en comisión, no se deja de pertenecer al organismo de origen”, expuso el profesional.
Además, recordó que los funcionarios no han sido informados de ninguna decisión de manera formal, sino que se enteraron por la página web del INC de que volvían a ser contratados por el organismo, “y no han participado en ningún ámbito tripartito, como se había acordado, sino que se ha hecho una negociación directa entre la Intendencia y el INC. No hay comunicación del organismo ni de la Intendencia, y de ahí la molestia”.
“Los funcionarios siguen en el vivero, con sus familias en la zona, pero no saben realmente en calidad de qué, ni se sabe qué va pasar, porque no participan en la negociación. Se han enterado por la página web del Instituto y recurrieron la resolución”, apuntó Lamas.
“Recuerdan asimismo la promesa de Andrés Berterreche respecto a que si la Intendencia no cumplía con el convenio, él los presupuestaba, por lo que ahora están esperando los trabajadores que se cumpla con la palabra del presidente del Instituto”, concluyó.
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