Nacionales | 20 Sep La jueza Livia Pignataro considera si desarchivará la investigación de la muerte del último detenido asesinado durante la dictadura militar, Vladimir Roslik, médico uruguayo e hijo de emigrantes rusos, quien residía en el departamento de Río Negro. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad a fines de junio, cuando el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que declaró nulos los actos administrativos que amparaban 88 causas basadas en dicha normativa.
Roslik, de 35 años, fue detenido por efectivos militares el 15 de abril de 1984 y al día siguiente fue entregado muerto a su esposa, según estableció una denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que identifica al gobierno uruguayo como el “responsable” de la muerte de Roslik. El último registro de movimiento del expediente indica que, en su momento, fue enviado al Poder Ejecutivo, por lo que cabe la posibilidad de que nunca haya sido devuelto al juzgado. Ahora, según el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, la jueza Pignataro “tendrá que estudiar si la resolución del Poder Ejecutivo da mérito suficiente como para desarchivar la investigación”.
El documento de la CIDH señaló, además, que en torno a este caso el 29 de mayo de 1984, dos oficiales del Ejército fueron procesados: uno por “homicidio ultraintencional” y otro por “irregularidades en el servicio”.