Opinion | 19 Sep Progresivamente estamos asistiendo a un cambio demográfico global que, aunque tiene su mayor manifestación en los países desarrollados y es parte de los graves problemas que ya están afectando a Europa, también se está perfilando en Uruguay, que se encuentra entre las naciones del Tercer Mundo pero que tiene algunos puntos en común con el Primer Mundo ante su realidad socioeconómica.
El envejecimiento de la población mundial es elemento principal del nuevo escenario que se ha acentuado desde las postrimerías del Siglo XX y conlleva una serie de desafíos y condicionamientos para los cuales todavía no se han diseñado respuestas valederas de carácter general, desde que hay características en cada país pero, naturalmente, hay mayores urgencias en las naciones que --como la nuestra-- tienen sin resolver grandes problemas estructurales.
Y como no hay posibilidades de reversión de esta tendencia, el desafío está planteado respecto a atender las consecuencias y manifestaciones de la evolución de este escenario, que cambia de acuerdo a cada país y/o región del mundo, y que responde inevitablemente a condicionantes socioeconómicas.
Uruguay es uno de los pocos países que presenta los dos aspectos más negativos de la relación, por cuanto por un lado su envejecimiento poblacional --a causa de una mayor expectativa de vida y baja natalidad-- es similar al de los países desarrollados, por otro su economía tiene las vulnerabilidades y dificultades de los que están en vías de desarrollo.
Por lo general, las naciones del Tercer Mundo tienen una alta tasa de nacimientos y un promedio de población mucho más joven que el de Uruguay, lo que indica que pese a sus dificultades no tienen los perfiles que condicionan a nuestro país como consecuencia de su escenario demográfico.
El punto es que la población del mundo desarrollado envejece y que la del mundo pobre por lo general está algunas décadas rezagada en cuanto a esta tendencia, pero por fuerza natural más tarde o más temprano estos caminos tenderán a coincidir. De acuerdo al pronóstico de población elaborado por las Naciones Unidas, la media de edad para todos los países crecerá de 29 años en la actualidad a 38 para dentro de cuatro décadas. En la actualidad menos del 11 por ciento de la población mundial de 6.900 millones de personas tiene más de 60 años, pero para 2050 el doble de este porcentaje alcanzará esa edad.
Sin embargo, ese guarismo será del 33 por ciento en los países desarrollados y seguramente también en Uruguay, donde --como en el Primer Mundo-- una de cada tres personas estará jubilada y casi una de cada diez tendrá más de ochenta años.
Más allá de los aspectos puramente demográficos, inexorablemente con el paso de los años habrá serias consecuencias económicas, sociales y políticas como derivación de este factor, pese a que hasta ahora pocos países han decidido enfrentar decididamente la problemática e incorporar políticas para hacer frente al problema con la debida disposición y sobre todo antelación, dentro de la relatividad del término.
Tenemos una mayor expectativa de vida, que en los países ricos era de menos 50 años hace solo un siglo y que actualmente es de 78, creciendo sostenidamente. A la vez, las células familiares tienen menos hijos y los grupos de edad más joven son más reducidos respecto al crecimiento del número de personas de avanzada edad, con solo 1,6 hijos por pareja.
Y en el Uruguay tenemos el peor escenario posible, es decir el envejecimiento poblacional conjugado con subdesarrollo y economía seriamente condicionada por problemas estructurales, lo que nos compromete ya en el mediano plazo. No puede obviarse que estamos ante algunos problemas relacionados que han comenzado a manifestarse y que se agudizan en cada crisis económica, cuando la sociedad en su conjunto dispone de menos recursos para atender su seguridad social, entre otros aspectos.
El ejemplo europeo es claro: se ha gastado más de lo que se podía durante muchos años, en gran medida en generosos programas sociales, con la consecuencia directa de un serio déficit fiscal en varios países y que han obligado a prolongar la edad de retiro, de la misma forma que han debido encarar recortes en beneficios sociales de diversa índole y hasta el seguro por desempleo, erosionando fuertemente la presencia del Estado benefactor.
Existe indudablemente fuerte demanda de aportes sobre la masa laboral para sostener el esquema de prestaciones, como así también para atender en salud y esparcimiento a sectores de la tercera edad, lo que es oneroso y condicionante incluso para economías sanas y ricas, pero mucho más para naciones como Uruguay.
Es por lo tanto hora de poner las barbas en remojo para que el sistema político y los sectores involucrados en esta problemática analicen la realidad que se nos plantea, creando ámbitos para generar acuerdos que deriven en las decisiones que nos permitan afrontar desafíos que se han intentado soslayar ya durante demasiado tiempo.