Paysandú, Martes 27 de Septiembre de 2011

Niegan detalles sobre gastos

Antel declara reservada toda la información relativa a la asignación de publicidad oficial

Locales | 20 Sep La información sobre el gasto detallado de los dineros públicos que maneja la empresa estatal Antel en publicidad, fue declarada como “reservada” por el Directorio del organismo oficial --excepto el total anual--, lo que motivó la preocupación del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), y sobre la cual se hacen eco periodistas y medios de todo el país.
La decisión se tomó ante una solicitud de información del periodista David Rabinovich del semanario San José Hoy para la Organización de la Prensa del Interior (OPI), y es “abiertamente contraria al derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos en un sistema democrático”, dice el comunicado firmado por el periodista y abogado Edison Lanza.
Transparente y objetiva
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido recientemente los principios para la asignación de publicidad oficial y uno de ellos establece que la misma debe realizarse en forma transparente y bajo criterios objetivos.
Antel es el principal avisador del Estado y sus decisiones respecto a los medios influyen directa e indirectamente en la libertad de expresión. Distintos medios han informado que gastará 19 millones de dólares en publicidad durante 2011, una cifra significativa para el sistema de medios de comunicación, cuya asignación debería ser transparente y bajo criterios objetivos. Antel sostiene que divulgar esa información le puede reportar “pérdida de ventajas competitivas” (excepción prevista en el artículo 9 de la ley 18.381). En ningún momento se le solicitó a Antel que revele las estrategias de marketing que desarrolla, simplemente que informe con qué criterios y qué monto total es asignado a cada medio de comunicación en todo el país en los últimos años (ni siquiera se le solicitó el presente año).
Privar de la información
La Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario exigen a los organismos públicos demostrar que el daño que puede sufrir (en este caso una pérdida de ventajas competitivas) el organismo público, es mayor al daño que recibe la ciudadanía al verse privada de información de interés público.
No se entiende cuál es el daño que puede provocar al ente que se conozcan los criterios que utilizó para asignar publicidad oficial, por qué eligió a determinados medios y cuánto asignó a cada uno, dado que otras empresas públicas y otros organismos del Estado informan con exactitud los montos y espacios que contratan con los mismos medios de comunicación que lo hace Antel. Esto es, los parámetros de precios y la cobertura de los distintos medios son ampliamente conocidos.
El periodista --que a su vez integra el Consejo Directivo de la OPI-- que se ha visto privado de información ha denunciado la violación de su derecho de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y junto a Cainfo estudia llevar el caso a la Justicia competente.


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