Nacionales | 23 Sep El Pit Cnt y un conjunto de organizaciones de derechos humanos presentaron ante el Parlamento un proyecto que pretende dejar sin efecto el plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la última dictadura. La Suprema Corte de Justicia juzgó en dos oportunidades que los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial son homicidios, no delitos de lesa humanidad, por lo que prescribirían en pocos días.
“El proyecto intenta establecer un marco donde se dé cumplimiento cabal a lo que ordena la Corte Interamericana” de Derechos Humanos, dijo a la AFP el dirigente sindical Washington Beltrán. “En este sentido los compromisos asumidos por el Estado uruguayo a nivel internacional son vinculantes, por eso se debe promover que la justicia actúe libremente”, agregó. La corte ordenó a Uruguay a investigar y sancionar las desapariciones forzadas durante la dictadura, por considerar que la ley de Caducidad carece de valor jurídico.
La propuesta presentada por la central sindical, organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos pretende “sensibilizar a la población sobre el tema y que la Asamblea General reconozca el valor obligatorio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Beltrán. Señaló que tras la presentación del proyecto se llevarán a cabo una serie de reuniones con parlamentarios para explicar sus alcances y lograr que ingrese formalmente al Parlamento para ser considerada.
Por otra parte, la Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa del ex dictador Gregorio Álvarez contra el juez Juan Carlos Fernández Lecchini. La defensa de Álvarez había presentado el recurso en el marco de la indagatoria penal por la muerte de Roberto Luzardo en 1973.