Opinion | 26 Sep Como un hecho innovador en el país puede considerarse la puesta en marcha a principios de este año del nuevo Instituto Nacional de Logística (Inalog), creado por ley 18.697 con el objetivo de promover la eficiencia y profesionalización del sector logístico, incluyendo metas como su desarrollo a través de la investigación, extensión y divulgación, a la vez de otorgársele un rol asesor al Poder Ejecutivo en áreas como el comercio, transporte, aduana y asuntos fiscales.
Esta incorporación apunta a crear el ámbito propio para el Uruguay Logístico 2030, cuando se aspira a que nuestro país esté en pleno desarrollo logístico. El tema ha cobrado sobre todo vital importancia cuando se está evaluando la afectación de recursos para proyectos logísticos tras la aprobación de un instrumento de singular importancia, como lo es la Ley de Participación Público Privada (PPP).
Es notorio que la apuesta de nuestro país al desarrollo de la venta de productos logísticos requiere sensibles inversiones en infraestructura, sobre todo en lo que refiere al transporte multimodal e incorporación de tecnología, si tenemos en cuenta que pese a los avatares internacionales todo indica que la región, como polo mundial de productor de alimentos, deberá en los próximos diez años cubrir las necesidades crecientes de una clase media china que sumará unos 400 millones de consumidores.
La logística, en su carácter de puente entre la producción y el mercado, es fundamental en el esquema de competitividad de los sectores productivos a efectos de facilitar el acceso de nuestros productos a sus destinos. Precisamente cuando hablamos de infraestructura imprescindible para el desarrollo es impensable dejar todo en manos del Estado, por lo que el desafío radica en promover una interacción profunda entre actores públicos y privados, particularmente en el transporte, y la incorporación de infraestructura es un aspecto sustancial a la hora de la instrumentación de la Ley de Participación Público Privada como herramienta removedora.
Pese a que la complementariedad entre ambos sectores ha mejorado en los últimos años, es manifiesta la necesidad de seguir desarrollando infraestructura, capacitar recursos humanos y trabajar en promoción, a efectos de lograr expansión y reducir costos para competir en la colocación de productos en el exterior, cuando además tenemos altos costos internos.
Y por cierto que la región tiene un gran potencial logístico, a partir de su ubicación estratégica, sobre todo con eje en el corredor del río Uruguay, si tenemos en cuenta la sinergia en ciernes de los puertos de Nueva Palmira, Fray Bentos y Paysandú, incluyendo la complementariedad con Concepción del Uruguay, que ya con su dragado de emergencia se ha lanzado a una nueva etapa de desarrollo mediante la captación de cargas provenientes del Paraguay por ferrocarril para su enlace fluvial con el puerto de Montevideo, y desde ahí salir a destinos de ultramar.
Argentina ha dado muestras de interés en participar en el dragado definitivo de este curso de agua y con este fin ha firmado un convenio con nuestro país, en el que se han establecido las pautas para este trabajo, luego del interregno que significó el largo conflicto por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos y la intransigencia de los activistas de Gualeguaychú.
El impulso a la Hidrovía del Río Uruguay, a cuyos efectos se ha recreado el Comité Binacional de la Hidrovía, con el apoyo de la gobernación entrerriana y el gobierno nacional, así como gobiernos departamentales, organismos binacionales y nacionales, así como actores privados, se inscribe en las acciones vitales para contar con una logística a tono con los requerimientos de las producciones de la zona, que por mucho tiempo carecieron de instrumentos vitales para la salida hacia los puertos de ultramar.
En este contexto, la instrumentación del Plan Estratégico hacia 2030, apuntando a situar a Uruguay como polo logístico regional enmarcado en una política de Estado contaría con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los planes logísticos, en especial respecto a la renovación del sistema ferroviario y el proyecto de puerto de aguas profundas en Rocha.
Estas acciones coincidentes, que responden además al sentido común, conllevan inevitablemente la coparticipación, complementación y coordinación de privados en asociación con el Estado a efectos de concretar las grandes inversiones necesarias para cumplir con estos objetivos, pero sobre todo dejar de lado cortoplacismos y tradicionales visiones político-electorales negativas para el país, ante el fin supremo de consolidar políticas de Estado que deben mantenerse por encima de las coyunturas y que son la única garantía posible de un mejor futuro.