Opinion | 25 Sep Según la Organización Mundial del Trabajo, la trata de personas afecta cada año a unos dos millones y medio de seres humanos, especialmente mujeres, niñas y niños de distintos países, que representan el 90% de las víctimas. Uruguay no está libre de este tipo de crimen, puesto que es país de origen, tránsito y destino de esta actividad.
Cada 23 de setiembre se conmemora el Día Internacional Contra de la Trata de Personas. La fecha fue establecida internacionalmente en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka – Bangladesh en enero de 1999. La trata de personas es una de las peores violaciones a los derechos humanos. Es la esclavitud de los tiempos modernos. Cada año, miles de mujeres --también niños-- son explotadas por criminales y obligadas a trabajos forzosos y al comercio sexual.
En nuestro país esta forma de delito afecta especialmente a niños, adolescentes y mujeres y es un problema grave que golpea a las poblaciones más vulnerables, viola los derechos humanos y requiere una respuesta estatal. Si bien la Ley de Migraciones Nº 18.250 tipifica el delito de trata de personas, lo cierto es que la trata de personas con fines de explotación sexual comercial implica, en muchas oportunidades, el traslado de víctimas de un país a otro, así como la existencia de redes de delincuencia que burlan los controles existentes o aprovechan sus fallas.
Indudablemente es un tema complejo, pero que es necesario atacar en forma integral a través de la articulación de los distintos organismos competentes y aportando elementos de información y concientización a la población en general, para que se mantenga atenta y sea capaz de detectar y denunciar este tipo de situaciones.
A nivel de los organismos se necesitan más instrumentos, como los que propone la Mesa Interinstitucional de Combate de la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual comercial, que ha recomendado la creación de una unidad policial especializada y centralizada para abordar el problema y centrar las investigaciones en las redes de explotadores y evitar centrarla en las víctimas, crear una línea telefónica de orientación y asesoramiento de acceso nacional, gratuito y confidencial; así como el fortalecimiento de controles en el ingreso y egreso del país especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Son medidas imprescindibles para poner un freno e iniciar la búsqueda de soluciones a este grave problema, que está mucho más cerca y nos atañe mucho más de lo que supondríamos en primera instancia.