Proyecto de Aratirí

Locales | 23 Sep El diputado nacionalista José Carlos Cardozo expuso ante el plenario de la Junta Departamental la evolución de la ecuación económica del proyecto minero de Aratirí para la explotación del yacimiento de hierro en la zona de Valentines. Destacó las modificaciones introducidas pocos días atrás al Código Minero que --salvo una modificación en 1982-- databa de principios del siglo XX y determinaba prácticamente una nacionalización del subsuelo del territorio nacional, pero no la forma práctica de ponerlo en ejecución puesto que luego, en la explotación del mineral, éste era del propietario de la empresa minera con un canon de apenas 5 por ciento para el país. Asimismo, ahora prevé una partida del 15 por ciento de lo percibido por el Estado con destino a las intendencias.
Cardozo, quien ya en 1998 había procurado modificaciones a ese texto normativo sin que siquiera se le pudiera incluir en la agenda de sesiones del Parlamento, aseguró que podía hablar de las ecuaciones económicas y deslindó opinar –aunque hizo someras referencias-- sobre el impacto medioambiental del proyecto. Solamente aseguró que “si bien aún no ha entrado la solicitud de Aratirí a Dinama, debo recordar que en este país nunca se dejó de aprobar un estudio presentado por la empresa interesada en el proyecto”.
Según el legislador, que hizo referencia a datos oficiales del gobierno, Aratirí estaba obligada a pagar el canon mínimo del 5 por ciento en el recurso de una extracción de 18 millones de toneladas (con rendimiento entre el 60 y el 30 por ciento, bajando en la medida que se profundiza la explotación extractiva) y que a un precio de 172 dólares la tonelada significaba un movimiento de 3.000 millones de dólares. Lo amparaba la Ley 16.906 y el decreto 455/2007 que exoneraba el cien por ciento de los impuestos, incluido el IVA y “en un producto como el hierro que no tiene valor agregado alguno”.
“A esto había cambiarlo aún a riesgo que nos dijeran ‘ustedes cambiaron las reglas de juego’, lo que no es así”, y citó como referencia lo que ocurre con el canon en Argentina con el 40,1 por ciento, Australia y Canadá con el 47 por ciento, y Chile con el 40 por ciento, “cosa que la empresa sabe muy bien”.
La diferencia con dichos porcentajes el Uruguay lo lograría no aplicando el decreto 455/2007, así como estableciendo un sistema tributario especial para la megaminería que determine el pago de IRAE y que “no se reintegre el IVA/compra que en el caso de la energía eléctrica a UTE; 200 millones de dólares al año significará nada menos que 50 millones de dólares para el Estado”.
DeclaraciÓn de la junta
Formularon preguntas los nacionalistas Rafael Bartzabal, Carlos Oyanarte, Patricia Vásquez Varela, Andrés Silva y Gustavo Rezzano, así como el frenteamplista Daniel Andrusyszyn, quedando otros sin poder plantearlas al culminar el tiempo dispuesto en el régimen de comisión general.
Tras retirarse el diputado José Carlos Cardozo, el cuerpo procuró una declaración conjunta que motivó dos interrupciones por cuarto intermedio y finalmente se aprobó por unanimidad lo siguiente: “El señor representante nacional destacó las perspectivas de diálogo generadas en la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados a efectos de alcanzar acuerdos sobre los puntos que actualmente se negocian entre los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Es propicia la oportunidad para anhelar que las conversaciones políticas produzcan los mejores beneficios para Uruguay en la explotación de sus recursos naturales, fuente principal de su riqueza que todos los partidos políticos deben preservar y defender. Que el hierro de la mina Valentines es del Estado uruguayo, o sea de todos los habitantes del país, y por tanto el negocio de su explotación con las empresas particulares que lo lleven adelante debe acordarse de modo tal que resulte ecuánimemente rentable para ambas partes y evitando la depredación del medio ambiente en todo lo técnicamente posible. Que atento a lo precedente solicita al señor intendente que tenga en cuenta nuestra opinión, supuesto que fuera del caso manifestarse al respecto en ámbitos pertinentes en nombre del Departamento. Que solicita al señor presidente de la República ejerza la defensa de los intereses nacionales ante cualquier presión de los capitales inversores, con la misma firmeza que tuvieron los defensores de esta ciudad heroica cuando les tocó jugarse por mantener la soberanía nacional ante los poderes extranjeros”.