Opinion | 27 Sep La interpretación del resultado de los plebiscitos según los intereses del poder es un mal que se creía más o menos superado en nuestro país, a partir de una formación cívica que se ha consolidado con el retorno a la institucionalidad democrática en 1985, tras la dictadura que durante años se instauró en el Uruguay.
Incluso la tiranía cívico-militar convocó a un plebiscito que buscaba establecer una democracia tutelada por los militares, en noviembre de 1980, en un intento que la ciudadanía derrotó en las urnas; sin embargo el régimen de facto sintió el impacto del mensaje popular, respetó el resultado y así se fue gestando el proceso hacia la redemocratización sobre bases distintas a las propuestas, es decir sobre el libre juego de las instituciones democráticas.
Esta actitud, empero, no ha sido la de grupos que integran la actual fuerza de gobierno y del propio Pit Cnt, así como otras organizaciones sociales, que tras el rechazo de la ciudadanía a la derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en un plebiscito, a los veinte años optó por desconocer este pronunciamiento y convocar a un nuevo plebiscito que también tuvo el resultado adverso del voto ciudadano, en las últimas elecciones.
Igualmente, la fuerza de gobierno se allanó al planteo de grupos radicales y ortodoxos de la izquierda que intentó anular la ley –figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico- y que fracasó por la disidencia de un diputado de la propia izquierda, haciéndose eco del convencimiento de los sectores moderados de que tal pretensión significa descartar el pronunciamiento ciudadano formulado en dos oportunidades, con veinte años de distancia, además de reconocer en privado que poco y nada cambiaría si no existiera la ley.
De la misma forma, en el acto electoral de octubre de 2009 la ciudadanía rechazó la iniciativa del oficialismo –también aceptada de mala gana por los grupos moderados—de incorporar la posibilidad del voto consular para los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior. En este caso vuelve a suceder lo mismo: hay sectores con fuerte influencia en el gobierno –aunque minoritario en las urnas-- que lejos de aceptar la opinión de los uruguayos, están apuntando a soslayarla y/o ignorarla, promoviendo una iniciativa similar a través de una ley, que es el mismo perro con distinto collar.
Es así que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores está ultimando los detalles de un proyecto de ley para habilitar que los ciudadanos que residen en el exterior puedan sufragar a partir de 2014 en el consulado uruguayo de cada país, es decir que la izquierda se hace nuevamente la “distraída” y avasalla la decisión del pueblo uruguayo, que se manifestó contrario a esta iniciativa democrática y libremente en una elección nacional.
Es que el voto desde el exterior ya fue sometido a la consideración del cuerpo electoral a través del sistema epistolar, es decir por correo, pero solo el 38 por ciento de los votantes acompañó la propuesta. Ahora se intenta desconocer que el electorado ya rechazó que en esencia quienes emigraron decidan quiénes van a ejercer el gobierno de un país donde no viven, por lo que su decisión, en el acierto o el error no los afecta en absoluto.
El desconocer la voluntad popular, mediante ingenierías de redacción para promover en los hechos lo mismo que ya fue rechazado, y en esta oportunidad a través de una ley que soslaya el camino de las urnas, revela que todavía quedan en el país grupos mesiánicos que se sienten dueños de la verdad y que peor aún, pretenden imponerla como sea a quienes no piensan lo mismo, porque consideran al fin de cuentas que quienes no comparten la idea son ignorantes de lo que realmente conviene, y cuando se les imponga por otras vías la verdad revelada se darán cuenta por fin de que lado está la razón.
Este razonamiento antidemocrático y fundamentalista parece la cosa más natural del mundo para quienes lo promueven, encerrados en su burbuja de autocomplacencia ideológica, pero no es más que una forma de “saltearse” a la gente por quienes además sistemáticamente han apelado a plebiscitos. Por otra parte, de lograr su objetivo este sector creará un pésimo antecedente por el cual de aquí en más los plebiscitos serán considerados menos que una encuesta, y valorados de igual forma. Lo que en definitiva es una manera de ir socavando la democracia.