Nacionales | 28 Sep “Campaña de hostigamiento”
La gestión de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, está siendo criticada, pero la jefa comunal optó por atacar a los medios de prensa y señalar que la basura --el tema más criticado de su gestión-- es un “problema cultural”.
Según una encuesta de Equipos Mori, tanto la gestión de la Intendencia como la imagen pública de la intendenta son las más bajas de los últimos 12 años. La situación es tal que, a pedido del MPP, Olivera concurrió junto a su gabinete municipal a la Mesa Política del Frente Amplio. Pero, obviamente, la fuerza política de gobierno respaldó a Olivera y formará una comisión para difundir los logros de la gestión por los barrios montevideanos. Aprobó una resolución en la que se “rechaza la campaña de hostigamiento y desinformación sobre la gestión municipal llevada adelante por la derecha”. Informa El País que en la reunión, Olivera defendió su gestión y dijo que “hay problemas de comunicación” con los medios de prensa. Según la intendenta, “la derecha opera a través de la prensa y en particular en algunos medios” tratando de generar “caos”, indicaron participantes del encuentro. Señaló que “hay una cantidad de políticas y obras que no tienen difusión en la prensa y eso es lo que saldrá a informar por medio de un plan de trabajo que se va a hacer con toda la sociedad”. Para Olivera, el tema de la basura “debe ser encarado desde múltiples lados y no sólo desde la recolección”. “La Intendencia está levantando todos los contenedores en tiempo y forma”, según el socialista Manuel Núñez. Asimismo, Olivera reconoció que “hay muchos problemas en torno a la basura, que no pasan por la falta de camiones sino que tienen que ver con un tema cultural”.
Barbaridad y presiones
La cuestión de la patente única no termina de convencer a algunos, especialmente a los ex intendentes de San José y Tacuarembó, Juan Chiruchi y Eber Da Rosa, quienes se enfrascaron en un debate en la sesión que el directorio del Partido Nacional.
De acuerdo a lo informado por La República, Chiruchi entiende que es “una barbaridad” el acuerdo firmado por los intendentes con el gobierno para lograr la patente única, pues viola la autonomía departamental y hace depender más a los departamentos de las transferencias mensuales del gobierno nacional. “La dependencia hoy ronda el 50% y ascenderá a un 60% o 65%”, dijo. Según Chiruchi, los intendentes “votaron presionados” precisamente por ponerse las transferencias en la discusión.Da Rosa, por su parte, recordó el acuerdo de Paso Severino en 1996, firmado por los intendentes sin participación del gobierno nacional. “Como consecuencia no salió nada, porque bastó que la Junta Departamental de Flores se pronunciara contraria al acuerdo para que éste cayera. Basta con que una sola Junta Departamental marque su discrepancia para que el tema se caiga”, dijo. Agregó que ese es “un elemento a ponderar como experiencia en el tiempo”.
Los intendentes no son opas
Acerca de las presiones denunciadas por Chiruchi, Da Rosa sostuvo además que si bien “los intendentes están expuestos” a las presiones “como cualquier gobernante en mayor o menor medida”, no comparte “la teoría de que los intendentes se dejan presionar y levantan las manos como unos opas, acompañando la posición que les impone el gobierno nacional”. Asimismo, admitió que hubo una negociación que “como en cada una de ellas” tiene mucho de “ceder para conquistar”. Fue “un largo proceso de negociaciones en las que participaron técnicos de las intendencias y del gobierno. No fue algo discutido en una tarde”. Reconoció que “si se logra que el gobierno termine accediendo a una bonificación del 60% en el alumbrado público, no es poca cosa”.
Respondiendo por el compañero
Varios integrantes del gobierno deberán comparecer ante la Justicia de Crimen Organizado en la investigación sobre la posible vinculación del ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, con los hermanos Peirano Basso y el Sindicato Médico. Las indagatorias continuarán durante las próximas semanas y concurrirán a la sede penal alrededor de 30 personas.
Según Últimas Noticias, la primera citación fue al abogado que denunció el hecho, Gustavo Salle, para que ratificara la denuncia. Salle dijo al matutino que en la audiencia solicitó al fiscal del caso, Ricardo Perciballe, que “se abstuviera de seguir interviniendo en la causa porque era obvio que el doctor Tabaré Vázquez y Fernández lo promovieron de fiscal de Rocha a fiscal de Corte, en un hecho inédito en la historia del país”. Justificó además que esto se debía a la amistad del fiscal con ambos. El caso tiene dos aspectos: indaga la vinculación de Fernández con los Peirano por la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que eliminó el delito de asociación societaria fraudulenta, lo que permitió la clausura de la investigación y su liberación sin antecedentes. También indaga un decreto aprobado en 2007, que le dio marco jurídico a un sistema de seguros que funciona dentro del SMU para respaldar los casos de demandas civiles y penales a los médicos. Fernández es abogado del sindicato e integrante del gobierno en aquel entonces.