Locales | 04 Oct Al dar a conocer su posición en el Día Internacional de los Sin Techo, que se conmemoró este 3 de octubre, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) reclamó que realmente se aplique la Ley de Vivienda, por cuanto “durante décadas, los diferentes gobiernos de turno han ignorado el problema de la vivienda. Los gobernantes, civiles o militares, han legislado sin intención de aplicar soluciones a ese tema. Es así que tenemos una Ley de Vivienda (Ley 13.728 de 1968) que nunca se aplicó en todo su alcance salvo en los primeros años de su existencia y que como dio origen a las cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva, rápidamente se dejó de lado en estos capítulos”.
En el caso de Paysandú, integrantes de la Mesa Departamental destacaron a EL TELEGRAFO que el Día Internacional de los Sin Techo será conmemorado del 12 al 16 de este mes con una carpa y fogón artiguista que se instalará en Plaza Constitución, cuyos detalles serán ajustados oportunamente.
Recordaron que la Ley 13.728 “sentaba un punto fundamental para contar con una política de vivienda a largo plazo: creaba un Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que disponía de recursos de asignación directa, ya que se nutría con un aporte sobre los sueldos de los trabajadores: el 1% a cargo de los patrones y otro 1% de aporte de los trabajadores”.
En 1973 se aprobó la Ley 14.105, “que aportaba un segundo puntal para poder instrumentar un Plan Nacional de Vivienda a largo plazo. Esta ley garantizaba el subsidio a la permanencia luego que la sociedad hacía el esfuerzo de financiarle a un trabajador una vivienda digna; esta ley lo protegía de las crisis económicas y vicisitudes de la economía, otorgándole un subsidio si en algún momento no podía pagar la amortización. No sólo protegía al trabajador, sino también el esfuerzo social que esa vivienda había requerido”, precisaron, para acotar que “sin embargo, sucesivos gobiernos no vieron oportuno aplicar estos instrumentos. En 1990 se derogó el aporte de los patrones privados para el Fonavi, quedando sólo el de los trabajadores. Y en 1992 se derogó la ley 14.105 que otorgaba el subsidio a la permanencia. Por último, con la creación del IRPF, se dejó de aportar el 1% para vivienda por parte de los trabajadores y los recursos para vivienda pasaron a ser exclusivamente de asignación presupuestal, dependiendo de la voluntad de los legisladores y de los ministros de Economía, voluntad que en muchos casos depende de los réditos políticos que les otorga”.
“La situación por la que pasan nuestras cooperativas es el fiel reflejo de esta larga lucha de 40 años por producir y defender la vivienda. La llegada de partidos ‘progresistas’ a los gobiernos de muchos países de la región no ha cambiado esta situación. En nuestro país recién la administración Mujica declaró la Vivienda en Emergencia Nacional”, sostuvo la federación.
Indicó además que se requieren “políticas de Estado que contemplen la creación de mecanismos de financiamiento público (crédito accesible y diversas modalidades de subsidios adaptados a las necesidades) estables y duraderos, en base a fondos de vivienda que no dependan de eventualidades fiscales, que se reconozca el aporte de ahorro y trabajo de la población y contemple el financiamiento colectivo, que los programas abarquen los procesos de producción, pero también los de mantenimiento y mejoramiento de la vivienda y de su entorno”.
“A la vez, reclamamos de las universidades y la academia la formación de profesionales y técnicos para trabajar para y con la gente, privilegiando los métodos participativos, la investigación en el hábitat popular y la difusión de su conocimiento hacia la población”, proclamaron los cooperativistas.
Otros aspectos necesarios, a su juicio, son contar con formas de financiamiento del mantenimiento de los complejos, por cuanto “luego de 40 años existe una cantidad de necesidades de mantenimiento que se hace difícil de encarar por los mismos complejos sin el apoyo del Estado, por lo que se requiere una tarea conjunta”. Asimismo, reestudiar los costos “de la construcción de viviendas de interés social (en parte ya se hizo), tomando en cuenta las empresas sociales, y que los mismos no se fijen para hacer el juego a las empresas de construcción”.