Locales | 05 Oct El edil colorado Alvaro Alza cuestionó el proyecto de ley que prevé la unificación de la Patente Única Nacional, al señalar que la iniciativa no solo merece reparos desde el punto de vista de su constitucionalidad, sino que a la vez es una forma de contemplar especialmente a las comunas de Montevideo y Canelones y por otro lado condiciona a los gobiernos departamentales.
Destacó el representante de la Lista 1025 que el intendente Bertil Bentos estuvo en la Junta Departamental para informar sobre los alcances del acuerdo y del proyecto del Ejecutivo en torno a la patente única, y consideró que “es un proyecto que nos deja algunas preocupaciones, porque crea un sistema único de cobro de patente vehicular gestionado por un fiduciario profesional que es claramente inconstitucional, como lo han señalado los tributaristas de nuestro país, porque es contrario a lo que dispone el Literal 6 del artículo 297, que establece como fuente de los recursos de los gobiernos departamentales los impuestos a los vehículos de transporte y que serán administrados por éstos”.
“Además es un proyecto que compromete la recaudación de tres administraciones por parte de los gobiernos departamentales mediante la suscripción de un contrato de adhesión que se realiza por un plazo inicial de quince años prorrogables automáticamente por períodos iguales y cediendo los derechos de cobro de tributos de recargos y moras”, precisó.
“Esto es un error, porque de ninguna manera se puede comprometer la gestión de tres administraciones que forzosamente contarán con distinto intendente y diferentes composiciones de la Junta Departamental. Es además un proyecto que no prevé la intervención del órgano de contralor por excelencia, que es la Junta, donde radican las potestades tributarias de los departamentos”, acotó el curul colorado.
Librado a la
buena voluntad
Manifestó asimismo que “es un sistema que si bien garantiza los mismos niveles de recaudación de 2010 hasta el 2015, queda librado en definitiva a la buena voluntad de la administración que no quiera cumplirlo, porque de 2015 en adelante un gobierno departamental que ve mermado sus ingresos, de acuerdo a la Constitución está habilitado para dejar de cumplirlo y seguir recaudando”.
Otros aspectos mencionados por Alza refieren a que al haber transferencia de Rentas Generales en determinado porcentaje, “quienes no cuentan con vehículos, a través de esta ley van a terminar pagando indirectamente la patente de rodados y queda la posibilidad de un incremento adicional en el Imesi”.
Indicó que Montevideo y Canelones tienen las patentes más altas del país “y por este proyecto se verían beneficiados a costa del contribuyente del Interior”, y “se pone a las intendencias entre la espada y la pared de que si no asumen este compromiso recibirán menos dinero para invertir en el departamento”. Por lo tanto “estamos de acuerdo con que hay que regularizar y llegar a una solución nacional del tema, pero tal cual está redactado el proyecto tiene muchas falencias e incluso con el tiempo se desvirtuaría”.
“Hoy todos recaudarían lo mismo, pero después de 2015, cuando puedan surgir problemas, deja minada su viabilidad a posibles alegaciones de inconstitucionalidad y naturalmente a nuestro entender es una definición que debe ser corregida y que se debe solucionar el tema seriamente, sin violentar preceptos constitucionales y por una reforma constitucional necesariamente, porque el legislador ordinario no puede violentar la voluntad del constituyente”.