Opinion | 30 Sep Las profundas desigualdades que existen en nuestro país de acuerdo a la distribución territorial de la población tienen carácter histórico, lamentablemente, y lo que es peor, subsisten las condiciones que las han realimentado desde siempre, a pesar de algunas acciones puntuales, sobre todo dirigidas al medio rural, que no han logrado revertir el proceso de despoblación de la campaña, entre otras consecuencias palpables.
Poco y nada ha cambiado con los sucesivos gobiernos, aunque sí debe reconocerse intentos puntuales de promover o establecer directamente polos productivos en determinadas zonas, que muchas veces, cuando son encarados por el propio Estado, como la inversión de ALUR en Bella Unión, conllevan un arma de doble filo desde que demandan grandes transferencias de recursos de todos los uruguayos sin a la vez tener en cuenta que su sustentabilidad es por lo menos muy dudosa y consecuentemente puede transformarse en un devorador permanente de recursos.
Es así que los índices de crecimiento macroeconómico del país en los últimos años, en ancas de la coyuntura internacional favorable, si bien son positivos, cuando se discriminan en realidad están reafirmando las iniquidades históricas, salvo casos excepcionales, con el Interior y sobre todo el interior profundo, presentando los mayores niveles de pobreza y menor calidad de vida respecto al promedio nacional.
Algunos números son ilustrativos de una realidad que seguramente conocemos la gran mayoría de los uruguayos, como es por ejemplo que los ingresos mensuales en Montevideo están un 30 por ciento por encima del promedio nacional, lo que quiere decir que son muy superiores al promedio del Interior, y así tenemos que en Artigas la población percibe el 58,5 por ciento del promedio a nivel nacional, no ya de Montevideo.
El estudio preliminar “Cohesión Territorial en el Uruguay”, de la Universidad de la República, indica que “se mantiene el histórico desbalance que hay entre Montevideo y el resto de los departamentos. Los del norte y noreste (Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, así como Durazno) mantienen posiciones relativamente rezagadas”.
Los ingresos no son el único aspecto a tener en cuenta en esta problemática, y hay un elemento que está ligado a este parámetro, que es la desocupación, la que sigue la misma tendencia, con un guarismo del 6,8 por ciento en Montevideo y valores en el Interior que son notoriamente superiores en la mayoría de los departamentos, incluso con índices de dos cifras en Paysandú, Salto, Artigas, Río Negro, Durazno, Treinta y Tres y Flores, con un máximo del 14 por ciento en Durazno.
A través de su audición radial, el presidente José Mujica manifestó inquietud respecto a las desniveles de ingresos y calidad de vida entre Interior y capital, y encomendó a sus colaboradores diseñar una serie de medidas concretas para revertir los datos negativos que muestran algunas regiones frente a los números promedio a nivel nacional.
Es la vez un contrasentido que en un país que desde hace por lo menos ocho años se está creciendo a un ritmo que supera los promedios históricos, hay unas 800.000 personas que perciben salarios inferiores a los once mil pesos mensuales –ni qué decir de las pasividades— y el propio Mujica advirtió que la gran mayoría de estas personas vive fuera de los límites de Montevideo y de su zona cercana de influencia.
Sostuvo el mandatario que “el hecho más espeluznante es que cerca de 550.000 son del Interior”, lo que por supuesto no es ninguna novedad para cualquiera que conozca algo del país real, y no ese que imaginan los montevideanos al que asimilan a una franja de 30 kilómetros de ancho desde Punta del Este a Colonia.
No puede haber discusión ya a esta altura respecto a que la respuesta no pasa por medidas asistencialistas --aunque podrían disponerse acciones puntuales temporales en este sentido reorientando parte del gasto público--, sino que la única sustentabilidad posible radica en promover inversiones en las zonas más afectadas del Interior, otorgando a los inversores incentivos diferenciales realmente significativos para que radiquen sus proyectos en áreas clave.
En este contexto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, según da cuenta El Observador, dijo que el régimen de promoción de inversiones vigente será revisado en procura de lograr que para los empresarios sea mucho más atractivo poner a funcionar sus emprendimientos en los lugares más desfavorecidos. “Se van a establecer indicadores que promuevan la inversión en los lugares en que la situación social sea desfavorable” explicó el jerarca.
Es de esperar que no nos quedemos otra vez en el diagnóstico y en los enunciados, como ha pasado por ejemplo con la reforma del Estado, y que se aborden con audacia y voluntad política acciones en este sentido, lo que permitirá atacar aspectos estructurales negativos que han llevado a este estado de cosas con un país dividido entre ciudadanos de primera, los que viven en Montevideo, y los de segunda y tercera, que residen en el Interior y en las áreas rurales.