Opinion | 02 Oct Se encuentra a estudio del Parlamento un proyecto de ley que prohíbe la venta de alimentos no saludables en las escuelas públicas, presentado por el diputado Javier García con la finalidad de combatir importantes factores de riesgo en los niños, como la obesidad y la hipertensión.
El tema fue puesto sobre la mesa nuevamente en el marco de la Semana del Corazón, que procuró llamar la atención sobre los hábitos saludables, entre ellos la adecuada alimentación.
Tiempo atrás, se desató una fuerte polémica sobre la permisividad con que escuelas y liceos venden productos alimenticios con elevados porcentajes de azúcares simples y grasas, como dulces, papas fritas, chizitos y similares.
Fue así que muchos centros educativos comenzaron, por iniciativa propia, a promover el consumo de alimentos saludables en los recreos y ahora es habitual que en los centros de educación inicial se siga un calendario de meriendas “sanas”, tal como en las escuelas que brindan almuerzo, desayunos o meriendas puesto que cuentan personal de cocina que, con apoyo de nutricionistas, elaboran una dieta adecuada.
No obstante, en muchas otras, en sus cantinas se venden alimentos que no son adecuados.
La iniciativa prohíbe la publicidad dentro de los centros, de productos o bebidas que no estén incluidos en un listado que elabore el Ministerio de Salud como adecuados para una alimentación saludable, y propone sustituir algunas galletitas, alfajores, papas fritas, entre otros por refuerzos, fruta o cereales, incorporando además, comidas para celíacos.
Aunque el objetivo del proyecto de ley es totalmente compartible –siempre hay una buena causa para prohibir--, cabe preguntarse por qué es necesaria una norma mayor para lo que podría solucionarse con una simple resolución del Consejo Directivo Central de la Educación Pública, que tiene competencias para crear, regular y sancionar todos los aspectos de la actividad educativa desde el nivel inicial hasta la Enseñanza Media y Formación Docente.