Locales | 07 Oct El proyecto de regulación del sistema de tarjeta de crédito, diseñado por el diputado nacionalista Daniel Peña (Movimiento EnPro), ingresará al Parlamento la semana próxima, destacaron a EL TELEGRAFO dirigentes del sector Alianza Nacional, que encabeza el senador Jorge Larrañaga.
Precisaron que la iniciativa legal, que contó con la intervención del diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, y en cuya redacción participó el Ministerio de Economía y Finanzas, es de suma importancia para la actividad empresarial, la defensa de la competencia y del consumo.
El proyecto, compuesto por 41 artículos, establece pautas generales que regulan todos los aspectos de este sistema, en tanto la idea es que el grupo técnico conformado por los asesores de los diputados Peña y Mujica y del Ministerio de Economía seguirán trabajando a efectos de implementar los ajustes y modificaciones que corresponda hacer. En cuanto a la argumentación para esta iniciativa, se destaca que el sistema de tarjetas de crédito se ha tornado complejo en la actualidad, desde que en dicho sistema coexisten un cúmulo de relaciones jurídicas que son necesarias para su funcionamiento, pero que siguen careciendo de una regulación.
Producto de la falta de un marco jurídico claro, es que los acontecimientos de la vida comercial de los últimos años han puesto de manifiesto las carencias de un sistema que se ha convertido en imprescindible tanto para usuarios, como para comerciantes, desde que por un lado sustituye a la moneda, difiere los pagos y posibilita planificar la compra de bienes y servicios, sostienen sus promotores.
Aclaran que por otro lado es una solución que se ha masificado e internacionalizado, lo que permite al comercio incrementar sus ventas y ofrecer distintos esquemas de pago de los bienes y servicios en su circulación. Este sistema hoy se encuentra en manos de escasas empresas administradoras, que han integrado a las instituciones de intermediación financiera para que contacten a usuarios en forma masiva y por otro lado, éstas contactan a los comercios adheridos, fijando las condiciones y aranceles en contratos particulares, de adhesión con cláusulas predispuestas.
Uno de los aspectos medulares del sistema lo constituye la fijación de aranceles elevados y diferenciados por sector de actividad por parte de los emisores a los comerciantes. Si bien debe promoverse la libertad de competir, el contrato de tarjeta de crédito ha adquirido tal magnitud que en primer término los comerciantes no pueden prescindir del mismo; en segundo lugar, de hacerlo, no tienen mecanismos sustitutos y por tanto deben aceptar las condiciones que se les imponen, siendo para el comercio minorista una gran desventaja debido a la imposibilidad de negociar las mismas, señalan.
“Entendemos entonces que por la importancia del sistema, cualquier distorsión afecta seriamente el interés general. Por tanto, lejos de ser un tema entre privados, y por ser sustitutivo de la moneda, el arancel debe necesariamente ser regulado por el Estado, que además debe velar porque no exista desigualdad en la contratación y que las prácticas que se empleen no perjudiquen la competencia”, explican los legisladores proponentes.