Opinion | 07 Oct El creciente déficit en el área de la educación, que es el plus que debería ser parte fundamental de la apuesta del país, es un condicionamiento formidable que tal vez no ha sido valorado en su real magnitud por el ciudadano común, pero lo que aún resulta más difícil de asumir es que muchos de los directamente involucrados parecen ajenos a la gravedad de la problemática, ensimismados en jugar su partido ante los intereses propios en juego.
No es un problema de hoy ni de ayer, sino que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero evidentemente en el último lustro se ha ido acelerando el descaecimiento de la calidad de nuestra educación, al mismo tiempo que se pierden valores en el hogar y en la propia sociedad, donde suele tomarse como ejemplo el éxito fácil, por el medio que sea, perdiendo de vista el valor del estudio, de la capacitación, del conocimiento aplicado, de la actitud emprendedora y del esfuerzo para alcanzar los objetivos en la vida.
El punto es que no se ha logrado generar propuestas para una respuesta integral a una problemática que tiene diversidad de orígenes y componentes, que requiere análisis desde el punto de vista técnico, social y económico, pero sobre todo desideologizado, respecto al que deben buscarse entendimientos en el sistema político para dar una ancha base de respaldo a la reforma que se necesita imperiosamente.
Y ya es hora de dejar de decir una y otra vez que el problema existe para realmente hincarle el diente y arremangarse para el trabajo, que es una deuda que el sistema político y los sectores vinculados a la enseñanza tienen hacia la ciudadanía y el país, porque cada día que pasa significa el seguir retrocediendo mientras los demás avanzan.
En este contexto corresponde valorar como oportuna y pertinente la propuesta formulada en las últimas horas por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, tras un contacto con el presidente José Mujica, para que el próximo martes concurran al Senado en régimen de Comisión General las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), y del Ministerio de Educación y Cultura (MCE).
De acuerdo a lo manifestado por el ex integrante del Codicen, Daniel Corbo, a El País, la intención es que “las voluntades de los partidos y del gobierno estén atrás de una agenda de cambio en la educación, para impedir que haya elementos, sectores o grupos corporativos que lo sigan bloqueando”.
Según Corbo, la iniciativa también procura que “el gobierno de la educación sea capaz de concretar y llevar adelante esos cambios”, en tanto subrayó que “si el país entero, a través de sus partidos políticos y su gobierno, quiere implementar determinados cambios, y yo no los comparto, no puedo estar ocupando un sillón impidiéndolo, tengo que retirarme”.
Lamentablemente, el partido de gobierno, cuando asumió bajo el liderazgo de Tabaré Vázquez, demostró que no tenía ningún plan para la educación, ningún proyecto más o menos elaborado para cambiar este estado de cosas, y lo que se hizo fue aprobar un aumento significativo de los recursos para el sector, sin a la vez exigir la contrapartida de mejora de la calidad, y así nos ha ido.
Paralelamente, a través de la Ley de Educación se recogió la mayoría de los postulados de los gremios del sector, que han actuado en forma corporativa en la dirección de la enseñanza, y lejos de promover reformas para su modernización y aggiornamiento se han opuesto a todo cambio que no fuera aumento de recursos e incrementos salariales, defendiendo exclusivamente sus intereses.
Es que las decisiones y las responsabilidades recaen en el poder político, que representa la opinión de todos los ciudadanos y debe defender la enseñanza de la injerencia de los corporativismos que solo actúan en función de su propio beneficio, y es por ello que se necesita una base de acuerdo para trabajar decididamente en las grandes líneas de acción que determinen objetivos hacia los que se debe transitar, para que dejemos de tener una educación que se sostiene en parámetros de hace un siglo y no ha evolucionado con los cambios que se han dado en el país y en el mundo.
A la vez, se cuenta con el trabajo que se ha desarrollado en la Comisión Multipartidaria sobre Educación, instaurada a los pocos meses de instalado el gobierno de Mujica, y en la que se llegó a un principio de acuerdo sobre los grandes temas.
Pero desde entonces poco y nada se ha hecho, más que propuestas aisladas de sectores, que han quedado en eso, con cada uno actuando por su lado y con el vacío como respuesta, cuando el desafío está planteado hace rato a todo el sistema político, por encima de los partidos, porque la educación debe reformarse en base a un acuerdo de todos para que realmente pueda resultar exitosa, como seguramente queremos todos los ciudadanos.