Paysandú, Jueves 13 de Octubre de 2011

Según primer estudio sobre cibercrimen

Fraudes a los bancos y por comercio electrónico asciende a U$S 93.000 millones en Latinoamérica

Policiales | 07 Oct El fraude en el comercio electrónico y el phishing a los bancos supera los 93.000 millones de dólares por año en la región. Brasil, México y Argentina son los países más afectados, en tanto Uruguay figura en el sexto lugar de la lista, según un estudio presentado en Buenos Aires, durante las sesiones de Lacnic XVI.
“La magnitud del cibercrimen en América Latina es realmente preocupante, con escenarios muy probables de ataques cibernéticos y consecuencias gravosas para la población, que ya suma costos de phishing para los bancos superiores a los 93 mil millones de dólares por año”, según señala el trabajo Panorama del Ciberdelito en América Latina, realizado con el apoyo del Proyecto Amparo de Lacnic, organización responsable de la asignación y administración de las Direcciones de Internet en América Latina y uno de los cinco registros de Internet del mundo.
Las autoras de la investigación, Patricia Prandini y Marcia Maggiore, advierten que hoy “las amenazas son más complejas y sofisticadas” y que se ha “conformado un modelo de negocio delictivo ampliamente explotado a través de Internet, alimentando una economía clandestina que crece exponencialmente día a día”.
Según el estudio, los delincuentes explotan las debilidades de las tecnologías, los vacíos en la legislación y la falta de concientización de los usuarios, así como el alcance global de Internet y su rápida expansión. A ese panorama se agrega la facilidad con que pueden en Internet borrarse las evidencias y las dificultades para identificarlas, cuando se carece de especialistas o no se cuentan con las herramientas adecuadas.
La desmaterialización de las fronteras nacionales es otro punto que juega a favor del cibercrimen, según la investigación, porque habilita “al delincuente a acceder a su blanco sin prácticamente moverse de su silla, a miles de kilómetros de sus eventuales víctimas. Adicionalmente, puede utilizar distintos caminos y recorridos en su afán de dificultar cualquier rastreo”.
Cifras millonarias
Brasil lidera el ranking en América Latina de los países con mayores ciberamenazas (códigos maliciosos, spam, phishing, bots, network attacks). Lo siguen, en orden de amenazas cibernéticas, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú, República Dominicana y Panamá.
Los fraudes bancarios y el phishing a las instituciones financieras provocan pérdidas totales por unos “93 mil millones de dólares estadounidenses por año”, de acuerdo con la información relevada por Prandini y Maggiore sobre la base de diversas fuentes y reportes sobre ataques a bancos. Debe sumarse a esa cifra otros 193 millones de dólares anuales de fraudes en el comercio electrónico.
El trabajo alerta también sobre el robo de identidad de las personas, un fraude beneficiado por el volumen creciente de datos disponibles en Internet y la facilidad con que se puede obtener información de usuarios desprevenidos en las redes sociales. Hay “un mercado delictivo cada vez más atractivo para el tráfico de este tipo de información”, agrega la investigación.
Preparados y alerta
El estudio señala que la vertiginosidad del desarrollo tecnológico en los países de la región y el consiguiente crecimiento inexorable del ciberdelito, hace necesaria “la generación de planes de acción” que garantice “la maximización del aprovechamiento de los múltiples beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, minimizando los riesgos que las acompañan”.
El informe establece una serie de recomendaciones. A los gobiernos les propone desarrollar estrategias nacionales sobre ciberseguridad que contemplen la protección de su infraestructura crítica con un aumento de la capacidad de respuesta a incidentes y la creación de agencias especializadas. También sugiere realizar campañas de concientización para la ciudadanía y establecer mecanismos de coordinación con el sector privado y con otros países y adecuar el marco normativo para la penalización de delitos cibernéticos.
Plantea a los sectores académicos el desarrollo de contenidos y programas de formación de profesionales especialistas en seguridad de la información, y para el sector privado propone generar equipos de trabajo dentro de las organizaciones que aborden la seguridad informática con un enfoque múltiple.
Finalmente recomienda a los usuarios adoptar una actitud responsable frente al uso de las tecnologías de información, cuidar sus datos personales, denunciar los incidentes de seguridad ante las instancias que correspondan y enseñar a los menores los peligros de las redes sociales y entrenarlos en una adecuada utilización de las tecnologías de la información.


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