Opinion | 16 Oct El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que impone “graves sanciones administrativas” a las empresas y empleadores que incluyan el test de embarazo entre las condiciones para aceptar a una mujer en su plantilla de trabajadores.
El referido test, exigido por algunas empresas al momento de tomar trabajadoras será prohibido por ley. Esta exigencia contradice al menos cuatro artículos de la Constitución, y viola varios pactos internacionales que protegen los derechos de los trabajadores y de las mujeres.
Esta práctica viola el artículo 7 de la Constitución de la República, que protege, entre otros, el derecho al trabajo; el artículo 8, que garantiza el derecho a la igualdad de las personas ante la ley; el artículo 42, que protege la maternidad, y el artículo 53, que coloca el trabajo bajo la protección especial de la ley.
Algunos de los pactos internacionales que protegen estos derechos son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la ley N 13.751 en 1969, que reconoce las condiciones de trabajo equitativas, así como el derecho a la privacidad. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, sancionada por el decreto – ley N 15.164 de 1981, obliga al Estado a adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, en declaraciones Índice 180, dijo que la iniciativa surgió desde el Instituto de las Mujeres y que la Inspección Nacional de Trabajo constató que existen casos de este tipo. La cantidad de denuncias no es demasiado grande, según dijo el Ministro, “porque en general la gente no denuncia, y menos cuando hay bajo desempleo”, pero que de cualquier manera “es una práctica inadmisible”, señaló.
Y la verdad tiene mucha razón en esas declaraciones. Uruguay es un país en que las mujeres alcanzan en muchas áreas mayor acceso y egreso a niveles superiores de la educación, y muchas están altamente calificadas para el desarrollo de distinto tipo de tareas laborales y profesionales tanto en la actividad pública como privada.
Sin embargo, en la práctica persisten inequidades y discriminaciones como la que trata de solucionar este proyecto de ley que pretende fomentar el derecho al trabajo, a la maternidad, a la privacidad y a la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo.
Seguramente muy pocas empresas tengan por escrito una exigencia como el test de embarazo y también pocas admiten esa práctica pero lo cierto es que la misma existe --en algunos casos incluso se llega al extremo de exigir a la trabajadora un compromiso a no embarazarse-- y ha sido plenamente comprobada por las autoridades que ahora pretenden tener un instrumento legal que les permita actuar y, a la vez, sea un incentivo para sean denunciadas este tipo de situaciones.
Contar con instrumentos legales de esta naturaleza no sólo es necesario en lo inmediato sino también un primer paso hacia la concreción de la equidad de género, algo del lo cual mucho se habla pero a veces parece una meta todavía lejana.