Paysandú, Lunes 17 de Octubre de 2011

Diputado Walter Verri

Partido Colorado fijó criterios para explotación en la megaminería

Locales | 16 Oct Una comisión especial del Partido Colorado, integrada por políticos y técnicos de primer nivel, culminó la elaboración de un documento de varias páginas en el que resume la propuesta del partido respecto a la megaminería, a efectos de ser tenido en cuenta para un proyecto de ley, destacó a EL TELEGRAFO el diputado sanducero Walter Verri.
Recordó el legislador que la propuesta colorada “contiene seis puntos básicos, con parámetros para definir la minería de gran porte, sobre lo que tenemos algunas diferencias con el gobierno, porque éste solamente proponía un criterio económico para definir la minería de gran porte. Nosotros tenemos varios criterios más y no solo los económicos”.
Explicó en este sentido que “se incluyen criterios sociales y ambientales que deben tenerse en cuenta, como es el caso de que la inversión supere los cien millones de dólares, afectación territorial de más de 400 hectáreas, producción de más de 0,1 millones de toneladas por año, remoción de material de más de cinco millones de toneladas por año, entre otros parámetros”.
En cuanto a la gestión ambiental, el proyecto colorado establece que “aunque la explotación fuera enormemente beneficiosa para el país desde el punto de vista económico, no puede aprobarse si no se tiene en cuenta la seguridad en el impacto ambiental, que ese impacto ambiental sea manejable tanto en el corto plazo como en el cierre de la mina, como sus aspectos más importantes”, explicó el legislador.
Asimismo “se exige que el estudio presentado por la empresa sea auditado por una consultora internacional especializada, operando en conjunto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), con un estudio detallado del impacto ambiental, incluyendo el monitoreo posterior al cierre”, y un proyecto de aplicación productiva del predio. A la vez se establecen estrictas exigencias en el empleo de materiales tóxicos, especialmente el cianuro, de acuerdo a los códigos internacionales, así como en cuanto a la presentación de seguros de minería, de manera que se cubran no solo los eventuales accidentes sino también los planes de cierres totales o parciales y monitoreo posterior al cierre.
Otro aspecto apunta a establecer una franja de atenuación en torno al emprendimiento minero, y también propone que el canon se reparta asimismo a los propietarios de ese entorno que pueda ser afectado y no solo a los que tienen material a explotar. Desde el punto de vista de los aspectos sociales, se establece obligatoriedad del Estado a una mayor transparencia, instalando una comisión de seguimiento con información pública y audiencias extendidas, similares a las de las pasteras sobre el río Uruguay. Un cuarto aspecto refiere a la gestión económica del emprendimiento, y a diferencia de lo que propone el gobierno, se establece un impuesto específico a la extracción de los recursos naturales no renovables, con una tasa plana que asegure que el Estado y la empresa participen en un cincuenta por ciento en el beneficio neto de la misma.
“Nosotros creemos que el canon debe seguir existiendo y que los dueños de predios colindantes y vecinos también deben recibir parte de los beneficios, y se establece que la venta de empresas o acciones, así como la ampliación de capital, deberá ser autorizada previamente por el Estado, como se regulan los bancos de plaza”, explicó Verri.
Por último se establece un régimen para la creación de un fondo con lo generado por los impuestos de la megaminería, por administración del Banco Central bajo directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero con una comisión fiscal adicional. Se busca un equilibrio entre compartir los beneficios por la generación actual al mismo tiempo que se invierte en las generaciones futuras, previéndose que se podrá usar en infraestructura física del sector público, formación en el exterior para los mejores alumnos, creación de universidades en el Interior, creación de institutos de investigación a temas conexos a la minería y a la metalurgia, planes de capital de riesgo para los PYME y programas de cuidados del ambiente en particular, entre otros aspectos.


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