Opinion | 14 Oct Finalmente, tras idas y venidas en los días previos y controvertidas exposiciones en la propia sesión, el Senado de la República acordó una declaración en la que solicita a las autoridades de la educación pública que elaboren “una agenda para la mejora educativa en los próximos cuarenta y cinco días” para presentar al presidente José Mujica, lo que se enmarca en el planteo que formulara el senador Jorge Larrañaga al gobierno, apuntando a que se introduzcan reformas ya impostergables en la educación.
Pero lograr este acuerdo declarativo no fue fácil, e incluso el lunes, en la sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) la consejera Nora Castro, designada por el gobierno, manifestó que no apoyaría un acuerdo nacional en la materia, por lo que el mandatario debió transmitir al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, un enérgico planteo respecto a que el Codicen se comprometiera a llevar adelante lo que surgiera del consenso legislativo.
Así, en el Senado, en el inicio de su intervención, el presidente del Codicen, José Seoane, dijo que “creemos en la posibilidad de construir grandes coincidencias nacionales en materia educativa”, lo que no quitó que Nora Castro reivindicara la actuación del organismo que integra, además de rechazar términos de dirigentes de la oposición. Afirmó que “no hay una sola resolución del Codicen que haya sido obstaculizada por los representantes de los docentes”, en referencia a las críticas desde la oposición a la integración de los docentes a los consejos desconcentrados.
Pero al fin, a pesar de la controversia, se votó que tras recibir la agenda de las autoridades de la educación, el presidente Mujica convocará a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que consideren la agenda presentada en forma simultánea a los actores sociales vinculados a la educación, de forma que en base a esta agenda se elabore un plan nacional de educación hacia 2020.
Es decir que se ha trazado una senda en la que se hace hincapié en la participación de los representantes de los partidos políticos en el proceso de reforma de la enseñanza, porque de otra forma evidentemente se corre el riesgo de que suceda lo que ha acontecido hasta ahora, que sectores de militancia social, de pura raigambre ideológica, que no representan al ciudadano, terminen copando el proceso. Tal ha sido el caso en las asambleas que formularon las recomendaciones incluidas en la Ley de Educación aprobada por el partido de gobierno.
El sentido común indica que la reforma que se instaure debe ser realista, sobre parámetros concretos y asumiendo que tenemos un brutal atraso en la materia. Sobre todo debe desideologizarse este proceso, para corregir las graves falencias que presenta hoy la educación, en lo posible desterrando la incidencia de los corporativismos que protagonizan los sindicatos, que representan solo a los docentes y a los funcionarios y no el interés general.
Tenemos así que el presidente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), José Olivera, reaccionó con virulencia ante el espíritu de la declaración del Senado, acordada entre el Frente Amplio y la oposición, y declaró al diario El País que el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y el presidente del Codicen, José Seoane, “son unos mandaderos” y que el acuerdo afectará la autonomía de la enseñanza pública establecida en la Constitución.
“Esto es una intromisión descarada de los partidos políticos y el Gobierno empieza el partido perdiendo”, dijo por su lado a El Observador el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Fenapes, Manuel Oroño.
No puede esperarse otra cosa de gremios que han puesto siempre el acento en defender sus propios intereses, sobre todo desde el punto de vista del poder y salarial, antes que realmente contribuir a enderezar el rumbo en la educación.
Pero el deber del gobierno, entendido éste como el Poder Ejecutivo y el Parlamento, es defender al ciudadano de los grupos corporativos que siguen parasitando la enseñanza, mentando la autonomía como excusa para seguir haciendo y deshaciendo en favor de sus designios, de manera de promover las reformas que han sido postergadas durante demasiado tiempo, haciéndose eco del sentir de los ciudadanos de todos los partidos que quieren un mejor futuro para el país a través del insustituible instrumento de la educación.