Opinion | 18 Oct Desde su minigira europea, el presidente José Mujica se hizo tiempo para manifestar su preocupación por el conflicto en la industria metalúrgica, que ha determinado la ocupación de las plantas del sector y ha derivado asimismo en la paralización de las obras de la refinería de Ancap.
Según da cuenta La República, el paro de actividades de los trabajadores metalúrgicos agrupados en la Untmra, que desde hace una semana ha paralizado la actividad de la refinería, genera profunda preocupación en el gobierno, al punto que el mandatario José Mujica sigue con atención desde Europa esta situación, por cuanto el ente deberá abastecerse combustible refinado en el mercado regional.
Según las fuentes del gobierno, no existe razón valedera para que el conflicto paralice las obras en Ancap “porque no tienen nada para reclamar ya que se les dio todo lo que pidieron”, y consecuentemente apuntan a aislar el conflicto metalúrgico de la actividad en la refinería.
Ocurre que según el director de Ancap Juan Gómez, el problema ya está ocasionando un serio impacto económico, por cuanto el ente tendrá que salir a comprar más combustible en el exterior, con un costo extra para el país.
Pero lo que en este caso parece no tener en cuenta el Estado es que de eso se trata la medida de fuerza, porque es obvio que cuando se imponen este tipo de medidas a la población y se presiona al gobierno, se hace sobre la base de que “cuanto peor mejor”. Así funciona el chantaje para obtener satisfacción a las reivindicaciones salariales y otros beneficios que promueven los sindicatos más combativos, como ha ocurrido en la educación, en Salud Pública, en los bancos y en otras áreas sensibles. Y en el caso de los organismos del Estado, los resultados siempre les son favorables a sabiendas de ambas partes que siempre hay género para cortar y de dónde obtener más recursos; como los aumentos, aportes y demás cesiones que el director Juan Gómez reconoce haberle concedido a los funcionarios de Ancap.
Por su parte, los empresarios perciben que ya no tienen nada para hacer ante la ola de ocupaciones que lleva adelante la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), y lo único que esperan es que el gobierno cumpla con su promesa de impedir los piquetes que el sindicato realiza en las fábricas, en un conflicto que se mantiene en todos sus términos.
Los trabajadores por su parte han apelado a las ocupaciones para hacer sentir con mayor vigor los efectos de la medida de fuerza, ante lo cual los empresarios sostienen que no negocian con estas medidas de lucha de por medio. Por ahora no hay diálogo entre las partes y la solución no aparece a la vista.
Frente esta situación de virtual estancamiento, los industriales recurrieron a la Justicia en busca de lograr que se les permita el acceso a las fábricas, pero la estrategia sindical pasa por levantar la ocupación antes que se dicte el fallo judicial, aunque apostándose en la puerta para impedir el acceso a la planta, es decir atentando contra la libertad de trabajo de quienes no acompañan la medida –que muchas veces son más que los que adhieren-- y tienen deberían tener derecho a ingresar para cumplir con sus tareas.
El titular de la Cámara de Industrias, Miguel Oliveros, dijo a El Observador que “si se paran en la puerta de mi casa cuarenta personas y no me dejan ingresar, es evidente que no tengo la libre circulación”, en tanto el vicepresidente de la misma gremial, Gabriel Mura, expuso que “ahora están en un lugar público, en la puerta. A los piquetes el gobierno los prohibía. Siempre lo dijo. Bueno, ahí hay uno. Acá el que tiene el poder para ver si interesa o no trabajar es el Ministerio de Trabajo. No hay reglamentación de la huelga pero parece que cualquier cosa basada en esa protesta está por encima de cualquier otro derecho”.
Como en el famoso dicho de que “la máquina mató al inventor”, la fuerza de gobierno está cosechando los frutos de una actitud de permisividad absoluta hacia los desbordes de sindicatos envalentonados por el hecho de que los “compañeros” están ahora en el poder y creen tener luz verde –que efectivamente tienen-- para llevar a cabo acciones como piquetes y otras medidas intimidatorias, así como para ocupar lugares de trabajo como “extensión” natural del derecho de huelga, lo que no solo es un abuso flagrante sino un atentado contra la propiedad privada.
Ahora lo único que parece preocupar al gobierno es el costo que estas medidas significan para Ancap, y así se encargó de hacérselo saber al sindicato. La empresa de los combustibles ya les dio lo que pedían, demostrando poco interés en defender los bolsillos de los uruguayos, que sostenemos en cada compra de sus productos la fiesta de los entes monopólicos. El mensaje es que si dejan de lado a Ancap, lo demás está todo bien. Y siga el baile.