Locales | 16 Oct En una oficialmente desconocida situación legal, un grupo de ciudadanos utiliza terrenos cuyos titulares no pudieron identificarse en el Registro de Propiedad del Ministerio de Educación y Cultura, en la Dirección de Catastro no brindan información sobre titulares de padrones y en la Intendencia de Paysandú figura una deuda de Contribución Inmobiliaria desde 2002 a nombre de una persona “y otros”, pero que no se pudo confirmar que fuese el propietario.
Por otra parte, se indicó extraoficialmente que el o los terrenos en cuestión serían de dos hermanas que ya habrían planteado la situación en la Intendencia, con la propuesta que la comuna compre esas tierras al estar ocupadas ilegalmente.
MÁs de 30 casas
La confusa situación se presenta en una zona poco urbanizada de la ciudad, en calle Ayacucho entre Rodríguez Nolla y la Ruta 3, donde desde hace unos tres años viene creciendo un asentamiento irregular, que ya supera la treintena de casas construidas de costaneras, chapas y algunas pocas de material. Según pudo saber EL TELEGRAFO, el “barrio” carece de los servicios básicos, particularmente saneamiento, lo que determinaría un potencial problema sanitario.
Algunas casas tienen servicio eléctrico, mientras que en la otras el agua se junta en bidones.
Si bien no se han registrado problemas de gravedad entre los vecinos, hay quienes se preocupan por el desmedido crecimiento de las construcciones en uno o dos terrenos que tienen 23 metros de frente por unos 200 de profundidad.
A su vez, las condiciones de vida no serían las mejores debido a la falta de servicios y el casi hacinamiento en el que viven las personas que se instalaron allí.
Barrio “tranquilo”
Fuentes policiales consultadas afirmaron que no se han constatado hechos ilegales vinculados a los habitantes del lugar y que --pese a algún problema menor de vecindad-- “es un barrio tranquilo”, pero también se mostraron sorprendidos por el rápido crecimiento de las construcciones, que se hacen sin considerar las normas municipales al respecto, ni tienen plano.
Preocupa por otra parte lo que podría suceder si sigue aumentando el número de viviendas en ese asentamiento, qué reacción tendría el o los dueños del terreno si hace una reclamación (como podría pasar en el caso de las hermanas), y si el hecho --además de configurar al menos una irregularidad-- no sería precedente para que se “obligue” al Estado o a la Intendencia a comprar esos terrenos y construir viviendas de mejor calidad, o realojar a los aparentes intrusos en otras viviendas. De cualquier manera, la preocupación de algunos vecinos de la zona es válida y motivó a EL TELEGRAFO a intentar saber más sobre el particular.