Opinion | 17 Oct Ante un gobierno todavía renuente a incorporar medidas para combatir la inseguridad reinante en el país, que por cierto está muy lejos de ser solo la “sensación térmica” a que hacía referencia la ex ministra del Interior Daisy Tourné para consolidarse como un hecho real que agobia a prácticamente toda la población --incluso en las que hasta no hace muchos años eran tranquilas localidades del Interior--, siguen suscitándose episodios que rompen los ojos respecto a la necesidad de que el ciudadano sea defendido en sus derechos mediante los instrumentos con que cuenta el Estado para este fin.
Y por cierto que en el plano de la inseguridad, en el caso de los robos, de las rapiñas, de los arrebatos y hechos violentos conexos, la minoridad “infractora” es la principal protagonista, al amparo de una impunidad consagrada por leyes que han sido pensadas para un Uruguay de hace ochenta años y no de la realidad de hoy.
El Código de la Niñez y el Adolescente que fuera aprobado a mediados de la década anterior, lejos de recoger los nuevos elementos de esta realidad, ha extremado la sobreprotección de los menores delincuentes, y nos encontramos ante situaciones que serían tragicómicas si las más de las veces no involucraran un serio drama para la población que es víctima de estos desmanes.
Precisamente entre los episodios más recientes de esta irracionalidad figura uno que fue relatado por el fiscal Gustavo Zubía en un seminario realizado recientemente en Montevideo: la Justicia de Adolescentes envió a su casa a un menor que rapiñó 550.000 pesos de un Abitab en compañía de dos adultos.
La Fiscalía presentó el jueves 13 la acusación contra el menor pero el juez no hizo lugar. Zubía cuestionó esta decisión judicial en el “Primer Seminario de Actualización sobre Menores Infractores y Violencia Juvenil. ¿Qué lugar hay para los jóvenes?”, organizado el viernes 14 por el Instituto de Psicología Forense del Uruguay.
El representante del Ministerio Público dijo que tras descender de un vehículo el adolescente ingresó en el Abitab -no especificó dónde estaba ubicado el local de cobranzas- acompañado por dos adultos. Luego de cometer el asalto, los tres delincuentes huyeron en el auto.
El fiscal Zubía relató que los rapiñeros fueron filmados por las cámaras de seguridad del Abitab, y con ese material la Policía logró identificar y luego detener al menor, en tanto los dos adultos continúan prófugos, de acuerdo al artículo del diario El País. En el juzgado de Menores el adolescente fue reconocido por testigos, relató Zubía, pero el magistrado dispuso su entrega a los padres.
El fiscal reflexionó que Uruguay tiene un código de minoridad “hiper benigno” y pasará “a otro absolutamente duro (si se aprueba en 2014 la baja de la edad de imputabilidad de los adolescentes). Se oscila de un extremo al otro”, explicó.
Del actual Código de la Niñez, dijo que presenta “graves falencias” y cuestionó que brinda discrecionalidad a los jueces de Menores para establecer el máximo y el mínimo de la pena ante un delito de rapiña. Agregó que los tiempos han cambiado y que ahora los adolescentes rapiñeros entran a un comercio y disparan “al primero que ven” con un revólver calibre 3.57.
Ante un auditorio integrado por funcionarios del Instituto Nacional del Menor (INAU) y de organizaciones no gubernamentales, Zubía relató que cada vez que pregunta a los adolescentes por qué rapiñan, recibe la siguiente respuesta: “es un bollo, otros lo hacen y no pasa nada”, y según datos del fiscal, el 45% de los adolescentes delinque porque son rapiñeros profesionales; un 25% lo hace para conseguir pasta base; otro 25% para probar y solo un 5% por hambre.
Ocurre que estamos ante una legislación absolutamente permisiva, la de los jueces de la palmadita en la espalda y el “vaya, pero no lo haga más”, ante menores que han dado sobradas muestras de ser en extremo peligrosos para el ciudadano común, que no cultivan absolutamente ningún valor social y a quienes les da lo mismo matar o arrastrar por el piso hasta dejar inválida a una octogenaria para sacarle su bolso, o matar de un balazo a un comerciante incluso cuando éste no se resiste a perder en un momento el trabajo de toda su vida.
Y no es posible que se siga perdiendo lastimosamente el tiempo en la nada en lugar de dar respuestas a esta problemática, porque al menor no se le contiene ni se lo rehabilita, todavía no se ha puesto en marcha el instituto del menor infractor que se tiene previsto por ley para generar infraestructura con este fin, y sigue sin acompasarse la legislación a los requerimientos de protección del ciudadano común, como si esta problemática no fuera la prioridad que todos los uruguayos de a pie sabemos que es.