Opinion | 24 Oct El déficit en el acceso a la vivienda de interés social es otro de los grandes problemas pendientes de solución en nuestro país, como consecuencia de una serie de factores que, desde el punto de vista de las acciones gubernamentales, pasan por la falta de políticas de Estado que aseguraran por lo menos determinada continuidad en programas, porque en realidad cada gobierno ha traído su propia fórmula, con luces y sombras que explican que hoy estemos con un déficit no menor a las cien mil unidades habitacionales en todo el país.
Los momentos de expansión económica como los que vive Uruguay desde hace unos seis años, son un buen momento para que el Estado destine recursos tendientes a promover respuestas activas a esta situación, pero no para erigirse en rey mago, sino como promotor de acciones coincidentes, en coparticipación con privados y naturalmente de los propios interesados. Ha quedado comprobado, con el fracaso de sucesivos programas, que muchas viviendas que se han regalado a beneficiarios han sido vendidas, alquiladas, desmanteladas o quedado en ruinas porque no se valora debidamente lo que no cuesta y encima se piensa que los otros tienen obligación de regalarlo.
Durante la Administración Vázquez hubo un marcado déficit en materia de programas habitacionales, pese a que el Estado contó con una recaudación extra producto de la favorable coyuntura internacional, y es así que pueden contarse con los dedos las viviendas nuevas construidas durante el período, salvo la continuidad que se dio en el caso de la erradicación de la vivienda insalubre rural a través del Mevir, cuya obra se ha mantenido en muy buen nivel durante sucesivos períodos de gobierno.
Con la asunción de Mujica se manifestó la intención de revertir este escenario problemático, al punto que el mandatario anunció que “en quince días estaremos construyendo nuevas viviendas”, lo que no ha ocurrido siquiera al cabo del año y medio de gobierno, por lo que queda de relieve que no alcanza con la intención, sino que deben elaborarse programas viables, con la adecuada identificación de objetivos y financiación, además de promover sin excepciones el retorno de recursos en determinado lapso para ir reciclando el dinero a favor de nuevos aspirantes a contar con su techo propio.
En Paysandú se está desarrollando una labor muy encomiable por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), con la Intendencia Departamental a través de su Unidad de Vivienda, que incluye convocatorias a construcción de viviendas por autoayuda, recuperación de unidades habitacionales y reubicación de asentamientos, pero naturalmente, con limitación de recursos que no permite la respuesta en la cantidad que se necesita para cambiar radicalmente el escenario en pocos años, aunque se esté avanzando en la buena dirección.
Pero se requiere un proyecto nacional que realmente signifique atacar el problema con instrumentos desde varios frentes, es decir por un lado el Estado con programas que impliquen una cuota de subsidio y aporte de trabajo para sectores que realmente no tienen capacidad de repago, la participación activa de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua mediante la agilización de los préstamos y un aumento de la cuota de recursos, así como la coparticipación privada en emprendimientos destinados a sectores medios y medios bajos de la población, que no están en condiciones de comprar o construir su casa por el alto costo de la construcción y la falta de créditos en montos y plazos razonables para tal fin.
En este contexto surge como un elemento positivo que se haya reglamentado hace pocos días la Ley de Promoción de la Vivienda Social, que fuera aprobada en agosto, la que apunta a habilitar, fomentar y promover la participación del sector privado mediante la inversión en la vivienda para sectores de ingresos medios y medios bajos. Una de las posibilidades que ofrece es financiación para pequeños y medianos inversores que desarrollen proyectos de vivienda de interés social, incluyendo beneficios tributarios a la construcción y a la refacción de viviendas para su puesta a la venta o alquiler.
De lo que se trata precisamente es de ofrecer alternativas en aras del mismo objetivo común de la vivienda social, ya que con la incorporación de nuevas unidades mediante diversas modalidades se podrá gradualmente nivelar el mercado, donde los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación –en las viviendas de menor precio— porque la demanda supera abiertamente a la oferta.
Es de esperar que una acción sostenida en este sentido, que debe trascender un período de gobierno, redunde en el corto plazo en un principio de reversión en este panorama adverso en un área social de vital importancia, y que es causa de marginación, de empobrecimiento y de degradación de calidad de vida de amplios sectores de la población.