Opinion | 25 Oct Nuevamente la fuerza de gobierno, empujada por sectores radicales, traerá a la consideración del Parlamento, en este caso a través del Senado, un proyecto de ley que apunta a hacer realidad la visión propia sobre la situación que atravesó el país hace cuarenta años, pero sobre todo desconociendo dos pronunciamientos populares con diferencia de veinte años entre uno y otro, como si fuera una cosa menor.
En este caso los legisladores de la fuerza de gobierno han dedicado miles de horas, días y meses para intentar una ingeniería jurídico-parlamentaria que reemplace la frustrada ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que en su momento provocara la renuncia a la banca del actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y que naufragara a último momento por el voto en contra del diputado oficialista Víctor Semproni.
Ahora el Frente Amplio promueve un proyecto de ley que elimina con retroactividad la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura militar, que en los hechos es el mismo perro con diferente collar y que como el anterior, es considerado inconstitucional por la gran mayoría de los juristas consultados al respecto, así como por connotados dirigentes de la oposición.
La primera reflexión que surge, más allá de la esencia en sí del proyecto, es que se sigue destinando tiempo y trabajo, por claras motivaciones ideológicas, en promover iniciativas que nada tienen que ver con los grandes problemas de los uruguayos, esto es la educación, la inseguridad, la vivienda, el trabajo. Por el contrario, vuelven una y otra vez al pasado, pero siempre con una visión hemipléjica, es decir poniendo el acento en que de un bando sólo hubo víctimas y del otro, responsables de la barbarie, desconociendo la cronología de los hechos y las verdaderas causas y consecuencias de las acciones de ambos extremos.
Décadas después hay continuadores de este planteo bipolar de las cosas, poniendo de un lado a los que presuntamente quieren “verdad y justicia” y del otro a los que estarían en favor de la “impunidad”, en un intento flagrante de arrastrar agua para su molino y llevar de la nariz a los uruguayos que quieren un país mejor apostando al futuro y cerrando las heridas de una buena vez, para ocuparse de los temas que importan. No es un aspecto menor que mediante una ley, solo con los votos del partido de gobierno, según se percibe, se pretenda desconocer sendos pronunciamientos populares en plebiscitos que ratificaron la vigencia de la Ley de Caducidad, que es en los hechos una amnistía encubierta y parcial, cuando a la vez anteriormente se había amnistiado en forma total a los guerrilleros que protagonizaron hechos de sangre en los años anteriores a la dictadura que se instauró en 1973 en el Uruguay, por cuanto ya en 1972 la organización tupamara había sido desbaratada y desmantelada.
El enmendarle la plana al soberano, cuando precisamente se lo había convocado para decidir sobre el tema, pone de relieve que hay grupos que todavía se creen “iluminados”, custodios del oráculo de la sabiduría y depositarios de la verdad absoluta, y confirma lo expresado por algún dirigente de izquierda que ha considerado que “el pueblo cuando vota no siempre tiene razón” y que por ende hay líderes que tienen autoridad moral y más aún, la responsabilidad de desconocer la expresión de las urnas.
Este mesianismo tiene mucho de soberbia, de fundamentalismo y de visión totalitaria de la realidad, por cuanto la idea de sustituir la voluntad popular por la de unos pocos visionarios, que pueden estar representados por la Mesa Política del Frente Amplio o por la mayoría oficialista del Parlamento, implica ingresar en un terreno muy peligroso.
El constitucionalista Martín Risso dijo al diario El País que el proyecto de ley es innecesario en el ordenamiento jurídico, y opinó que “es muy parecido al proyecto de ley interpretativo de la ley de Caducidad. Se mejoran algunos aspectos pero es bastante parecido”, por lo que entiende que hay que dejar que actúen los jueces, que son quienes tienen que resolver en cada caso. “No se precisa una ley”, sentenció. En realidad lo único que se necesita es que se respete la voluntad del pueblo, ratificada en dos plebiscitos, y dejar de darle vueltas a la cosa, con retorsiones para justificar lo injustificable. Pero sobre todo preservar el plebiscito como instrumento insoslayable de la voluntad popular, que no debe ser desconocido en ninguna circunstancia.