Opinion | 21 Oct Aunque enmarcado en las normas de fiscalización del funcionamiento del sistema incorporado a partir de la reforma que instituyó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), no es muy conocido el trabajo que realizan las juntas de salud, que tienen por un lado carácter departamental pero con una actividad central que es desarrollada por la denominada Junta Nacional de Salud (Junasa), que es la encargada de evaluar la situación del sector en todo el país.
Este organismo debería tener una composición de lugar muy precisa sobre el funcionamiento de la salud en los ámbitos público y privado, con la premisa de formular observaciones y apuntar a mejorar el funcionamiento y cumplimiento de las metas establecidas, en la defensa a ultranza del destinatario del sistema, que son los usuarios tanto de las mutualistas como de la Administración de los Seguros de Salud del Estado (ASSE). La Junasa tiene por lo tanto entre sus cometidos principales el fiscalizar el desempeño de las instituciones de asistencia médica, por lo que el resultado de su trabajo debería interesar a todos los ciudadanos y sobre todo a los organismos con directa injerencia en la problemática de la salud, para darse por enterados y proceder en consecuencia, en aras de la defensa del interés general, por supuesto.
Tenemos así que tras evaluar cifras recogidas durante 2010, la Junta Nacional de Salud concluyó que los servicios de Salud Pública continúan estando a un nivel más bajo que las instituciones privadas en lo que respecta a la atención de niños y mujeres. Debe tenerse presente que durante el gobierno pasado, el Ministerio de Salud Pública estableció que las instituciones de salud debían cumplir determinadas metas asistenciales, a efectos de “incentivar el cambio en el modelo de atención”, con la salvedad de que las instituciones que cumplen las metas reciben un dinero extra del Estado.
De acuerdo a esta evaluación, en 2010 las instituciones del sector privado cumplieron en más del noventa por ciento con los doce controles que se deben realizar a los niños y a las mujeres, en tanto ASSE alcanzó casi el 90 por ciento en dos de esos controles.
Pero aún en el caso de los controles en salud de niños de un año, ASSE consiguió cumplir esta meta en un 57 por ciento, en tanto en el sector privado se alcanzó el 88 por ciento. Según da cuenta El Observador, Salud Pública no solo no consiguió igualar en la atención al sector privado, sino que tampoco logró alcanzar la meta que la propia institución se había fijado, lo que habla de problemas de evaluación propia y de gestión; y desde el punto de vista económico, ya que ASSE cobró el año pasado solo el 71 por ciento de lo que debía haber cobrado por esos controles de salud, según la rendición de cuentas 2010 a que alude la Junasa.
Ocurre que como en tantos otros casos, se ha estado trabajando sobre supuestos en cuanto a recursos humanos y materiales, pero sobre todo en capacidad de gestión, cuando a la vez se han aumentado sustancialmente los recursos para la salud pública por el SNIS, por lo que el problema tiene que ver con capacidad de trabajo, funcionamiento y gestión.
Peor aún, no solo se han aumentado los recursos que se vuelcan a ASSE, sino que a la vez ha disminuido sensiblemente el número de usuarios del sistema, de los que unos 450.000 se han pasado a las mutualistas, por lo que ha aumentado sustancialmente la relación de recursos por cada usuario que se atiende en el sistema público.
Pero la ineficiencia de ASSE lamentablemente puede más que el dinero de más que recibe, desde que la gestión del organismo no ha estado a la altura de los requerimientos del sistema, al punto que recientemente el presidente José Mujica removió al presidente de ASSE, como así también a otras jerarquías, procurando mejorar la gestión.
Lamentablemente, la deficitaria gestión de ASSE, cuyo funcionamiento afecta a los sectores más vulnerables de la población, no solo es consecuencia de lo que hacen o dejan de hacer sus autoridades --que sí tienen la mayor responsabilidad-- sino también del gobierno, que ha puesto énfasis en cuotas políticas antes que en la idoneidad, y que no ha tenido en cuenta que si hay un representante de los funcionarios en el Directorio, éste --como efectivamente sucede-- responde a los intereses gremiales y no a los de los pacientes y la institución, y que quien representa a los usuarios tampoco fue elegido en un mecanismo que le dé auténtica representatividad.
Pero no pueden cargarse las tintas solo en las cabezas, sino que como en todos los organismos del Estado, hay una burocracia y un statu quo que no responde más que a sí mismo, donde las responsabilidades se diluyen, hay marcada ineficiencia y ausentismo, y también hay deficiencias administrativas, que permiten estafas, como los sanduceros bien lo sabemos con la maniobra millonaria que sufrimos hace pocos años en el Hospital Escuela del Litoral.
Se requiere una revisión total de procedimientos, de controles, de capacitación y de revaluación de gestión y responsabilidades, para que el funcionamiento se parezca mucho más al de una institución privada que al que nos tiene mal acostumbrados el Estado, por mejor buena voluntad que pongan muchos --lamentablemente todavía son los menos-- para que las cosas salgan bien.