Opinion | 26 Oct En un escenario internacional en el que los commodities tenían un valor muy relativo hasta hace unos pocos años, con la irrupción creciente de China como demandante de materia prima, incluyendo a la soja, el cultivo que es el mayor protagonista del “boom agrícola” de Uruguay y la región, la producción ha seguido un sostenido aumento en el país, a partir sobre todo de las inversiones de argentinos en los campos de mejores tierras del Litoral.
Este factor ha tenido una fuerte incidencia en la bonanza económica que nos beneficia hasta nuestros días, incluso superando avatares como el de la crisis internacional de 2008 y la que nos está amenazando, por lo que uno de los desafíos insoslayables es darle sustentabilidad y generar esquemas para mejorar la competitividad de cara a los mercados internacionales.
El punto es que este impulso de la inversión, que ha sido determinante para que año a año se incorporen decenas de miles de hectáreas para la producción agrícola, como ha sido el caso de los últimos veinte años de las implantaciones forestales, no ha sido acompañado con la creación de la infraestructura necesaria para evitar el colapso de las instalaciones existentes, dimensionadas a las exigencias de una producción mucho menor.
Entre otros aspectos estas deficiencias se han manifestado en la capacidad de almacenaje, caminos internos de acceso a la producción, el deterioro del ferrocarril como factor de transporte carretero más barato y accesos a los puertos cercanos a las áreas agrícolas, a lo que se agregan instalaciones y posibilidades de trabajo de los puertos de exportación, como es el de Nueva Palmira.
En realidad el Uruguay está desfasado en materia de inversión en infraestructura, desde que el incremento productivo ha llegado antes que los instrumentos logísticos para hacer llegar en tiempo y forma la producción de grandes volúmenes y bajo valor relativo a los lugares de destino, cuando el flete es valor desnivelante y el que hace la diferencia a la hora de manejar costos que permitan cerrar o descartar un negocio.
También habían faltado los instrumentos legales para alentar estos proyectos y recién este año, aún con fuerte oposición de algunos sectores dentro del propio partido de gobierno, se ha logrado aprobar la Ley de Participación Público Privada (PPP) a efectos de promover la participación de privados y el Estado en emprendimientos conjuntos, como así también en cuanto a la concesión de explotación, de forma que no todos los recursos tengan que salir del bolsillo de los sufridos contribuyentes, cuando perfectamente estas acciones pueden estar a cargo de los emprendedores del sector privado.
De acuerdo a estimaciones del presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, José Ignacio Otegui, la necesidad de inversión en infraestructura y vivienda en el Uruguay es cuatro veces superior a la que está realizando el Estado, desde que se necesita invertir unos 1.400 millones de dólares anuales para abatir el déficit habitacional, tener un parque energético suficiente y sustentable, así como desarrollar una infraestructura vial, portuaria y ferroviaria que acompañe el crecimiento productivo.
En resumen, debe crearse un escenario que permita dar continuidad al crecimiento y que a la vez sea factor que promueva el desarrollo, que no es lo mismo que crecimiento y sí un elemento de sustentabilidad para éste.
De no encarar decididamente este proceso, se corre el peligro de estrangulamiento, si tenemos en cuenta que ya amplias superficies forestales tienen la madera a punto de maduración, en tanto sigue creciendo la producción de soja, arroz y leche, con el resultado de que la movilización de esos volúmenes ya está demandando una infraestructura muy superior a la actual, sobre todo en los momentos críticos de las respectivas zafras.
Tenemos por lo tanto grandes volúmenes de granos, que triplican o cuadriplican las cosechas de hace una década, pero con una infraestructura que apenas ha mejorado respecto a la de entonces, y por lo tanto no puede extrañar que los operadores estén condicionados a la hora de sacar la producción a los lugares de destino en tiempo y forma.
Por ejemplo, la coordinación es fundamental para sacar la cosecha, puesto que si cuando llega, el barco no puede cargar, el costo es enorme, y así cada día ocioso en el puerto significan unos 40.000 dólares, que alguien debe pagar.
Es de esperar que ya en poco tiempo podamos comenzar el proceso de reversión del déficit, y que se genere la inversión que aún tenemos en el debe a través del instrumento como la PPP, de forma de coincidir en respuestas en el corto, mediano y largo plazo en infraestructura, sobre todo en el esquema intermodal de transporte, que se ha convertido en el nudo gordiano para nuestra producción.