Nacionales | 26 Oct El Senado dio media sanción al proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la dictadura, que caducarían el 1º de noviembre, con el rechazo de la oposición y el anuncio de acciones legales por parte de militares retirados. El proyecto se debate hoy en Diputados.
El Frente Amplio hizo valer su mayoría. Tras casi diez horas de discusión, la Cámara de Senadores aprobó con los votos del oficialismo --16 votos en 31-- el proyecto que ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde será debatido hoy. La norma aprobada “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado” hasta el 1º de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia. Además, declara estos delitos “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales” y afirma que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad” para su juzgamiento. La votación fue celebrada con aplausos de un centenar de personas que presenciaban la sesión desde las barras. “Si estos casos prescribieran, sería paradójico y quizás una burla para los familiares que en tiempos de la dictadura obviamente no podían pleitear ni pedir justicia, (y) que cuando se abre la democracia, casi a los dos años (...) se decreta una ley de Caducidad o de impunidad”, dijo el senador oficialista Rafael Michelini, al informar sobre el proyecto.
En un áspero debate, con permanentes referencias al pasado y a la salida de la dictadura, los tres partidos de oposición rechazaron el proyecto afirmando que desconoce la voluntad de la ciudadanía que en dos consultas populares (en 1989 y 2009) no aprobó la anulación de la Ley de Caducidad. El senador nacionalista Jorge Saravia, que se desvinculó del Frente Amplio tras el debate anterior sobre la Ley de Caducidad, calificó el proyecto como “un golpe de Estado”, asegurando que “parece haber ansias de venganza, en lugar de respeto por el voto de la gente”.
El senador comunista Eduardo Lorier dijo en su intervención que los que no acompañan este proyecto “defienden la impunidad y a los secuestradores”, lo que causó profundo malestar del nacionalista Luis Alberto Lacalle y el colorado Ope Pasquet. El senador nacionalista calificó de “barbaridad” y “falta de respeto” los dichos de Lorier y que repudia y rechaza el concepto de que quienes piensan “distinto” son “cómplices”.
Por su parte, militares retirados anunciaron acciones judiciales contra ex miembros de grupos armados de las décadas de 1960 y 1970. “Estamos en igualdad de condiciones para realizar denuncias a las personas que cometieron delitos de sangre y no fueron juzgados ni procesados ni cumplieron ningún día de cárcel”, dijo a la AFP el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrez, quien adelantó que se basarán en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica, que sostienen “que no se deben conceder ningún tipo de amnistías”. El militar consideró que el debate en torno a los delitos de la dictadura “provoca inestabilidad, porque esto va a traer aparejado que desfilen por los estrados varias generaciones de septuagenarios y sexagenarios de ambos lados. Y se va a dar el caso que también a ex guerrilleros sus nietos les van a preguntar por qué mataron”, aseguró.
Por otra parte, más temprano, el presidente José Mujica tomó distancia en referencia al debate sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura y se limitó a decir: “eso que lo arregle el Parlamento. Yo tengo que ocuparme de la huelga del Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra). Esa la veo fea. La quiero arreglar pronto porque estamos perdiendo mucho, los trabajadores y todo”, dijo. “Vivir en democracia es tener conflictos. Cada cual tira”, agregó.