Nacionales | 28 Oct La Suprema Corte decidirá
El presidente José Mujica dijo que será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá la última palabra en los casos que se denuncien al amparo de la ley que deja sin efecto la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
Mujica reiteró que no usará la facultad de veto y que promulgará la nueva ley antes del 1° de noviembre, fecha en la que prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos que implica a militares que actuaron durante la dictadura.
“Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a reafirmar”, dijo Mujica, y anunció que el proyecto de ley se promulgará “cuando se pueda” aunque respondió “sí, sí” cuando se le preguntó si sería antes del 1° de noviembre.
En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, Mujica dijo que “los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas”, y que esta materia no era su “especialidad”. Pero agregó: “Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida”.
“El partido en toda la cancha”
A nivel de los militares retirados, también hay reacciones tras la decisión del Parlamento, ya que se anunció que se presentarán denuncias contra miembros de la guerrilla que no fueron juzgados en su momento. “Ahora vamos a salir a jugar el partido en toda la cancha”, dijo el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, quien estimó que habría unos treinta casos que podrían ser denunciados. Las denuncias serán presentadas por un grupo de cuatro abogados que trabajaban en la institución.
“Se protegió al
terrorismo de Estado”
El diputado por el Frente Amplio Luis Puig, aseguró que “aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, se impidió investigar, se dio la espalda a las víctimas. Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar”, indicó Puig, quien también explicó que tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogaron a la ley de Caducidad como un “obstáculo para el desarrollo de la justicia en el país”.
El diputado oficialista expresó que el Estado Uruguayo seguirá el consejo y pedido de la Corte Interamericana y se “abstendrá de establecer nuevos obstáculos para restablecer la plena acción de la justicia”.
“Creo que es muy importante la decisión que tomó el parlamento porque corrige, 25 años después, una sumisión del Parlamento ante el chantaje militar”, subrayó.
Consultado sobre cómo interfiere la aprobación del proyecto con el respeto a la democracia y la voluntad popular, Puig indicó que el Parlamento “como depositario de la soberanía popular, estaría incumpliendo con los deberes que asumió al ser elegido de omitir el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Así como en año 1968 el Estado uruguayo planteó que los crímenes de los nazis no prescriben, hoy se dirá que tampoco prescriben los crímenes de lesa humanidad de los discípulos de los nazis”, finalizó.
Algo “totalmente personal”
La subsecretaria de Educación y Cultura, María Simón, se deslindó de la difusión que hizo el director general Pablo Álvarez, de un video sobre la directora del liceo Bauzá de Montevideo. La actitud de Álvarez “no es en absoluto la manera del Ministerio de encarar los problemas”, dijo.
El martes, el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, compartió con sus más de 4.000 contactos en Facebook una cámara oculta de un grupo de estudiantes del liceo Bauzá mientras mantenían una acalorada discusión con la directora de ese centro educativo, Graciela Bianchi. Simón, afirmó que Álvarez “hizo eso a título totalmente personal” y que “no es la posición del Ministerio” proceder de esa manera.
En cuanto a posibles sanciones a Álvarez, Simón afirmó que lo deberá evaluar el ministro Ricardo Ehrlich, que actualmente no está en Montevideo. “Yo pienso que es más bien una cuestión personal que la pensará el propio Pablo Álvarez. Él tendrá que ver hasta dónde estas consecuencias eran las esperadas o no”, indicó Simón. Simón manifestó que estos episodios “no le hacen bien a la educación” porque “desvían la atención y polarizan la opinión pública”.
“Vamos a poner las cosas en orden: aquí los protagonistas no son mengano, fulano o zutano: son los jóvenes uruguayos”, indicó. Por otra parte, la subsecretaria afirmó que el liceo Bauzá “no es un buen ejemplo de gestión en realidad, porque causa desorden”. Esto es, según Simón, “por las salidas a los medios y por días en que está cerrado. El director no debe cerrar el liceo”, advirtió.