Opinion | 29 Oct La presencia en Montevideo del presidente chileno Sebastián Piñera, fue también motivo de una protesta de los estudiantes nucleados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que en este caso distó de ser una movilización masiva, pero que bastó para hacer conocer mediante pancartas y concentraciones públicas su rechazo, repudio o como quiera llamársele a la presencia del jefe de Estado trasandino en el Uruguay, debido a su política educativa.
Como es sabido, el presidente chileno está en conflicto con organizaciones estudiantiles de su país, encabezadas por una estudiante comunista que levanta la bandera de la gratuidad absoluta, en lugar de la enseñanza privada que se instauró durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo la revuelta vino a estallar justamente durante la gestión de un presidente catalogado de centro derecha, y no en la de los mandatarios socialistas que siguieron a Pinochet, cuando en todos los casos mantuvieron el mismo régimen de enseñanza.
Este solo hecho basta para sospechar del sesgo político de la movilización allá y en nuestro país, que no es una novedad, puesto que al menos desde la década del 60 en adelante el movimiento estudiantil uruguayo y la línea pro cubana son prácticamente una sola cosa.
Reciente, además, en ocasión de considerarse en el Parlamento la ley que deroga la Ley de Caducidad, fue ocupada por un grupo de estudiantes la Facultad de Humanidades y Ciencias, a los que no les importó que haya estudiantes que no comparten su visión del tema, sino que decidieron que nadie debería recibir clases durante ese período, y que todos debían acatar las directivas de los ocupantes, en clara conculcación de la libertad de estudio.
Piñera dijo que la universalización de la gratuidad de la enseñanza significaría una erogación de cinco mil millones de dólares que no está en condiciones de afrontar, y que en cambio se disponen becas para los estudiantes de menores recursos, porque no se puede disponer de esa masa de dinero para pagar los estudios de los jóvenes de familias pudientes. Pero en todo caso, sea como sea es un problema (político) entre el Gobierno de Chile y los estudiantes de su país. Resulta paradójico que quienes siempre critican a los extranjeros que opinan sobre los problemas internos del Uruguay, no duden un instante entrometerse y alinearse con posturas sesgadas de un sector de la ciudadanía del país trasandino.