Opinion | 28 Oct Un viejo refrán, que debería aplicarse a rajatabla en todos los órdenes, aconseja el “zapatero a tus zapatos”, es decir que cada persona –también las instituciones— traten de hacer lo mejor posible lo que deben hacer o aquello para lo que fueron creadas, para eventualmente intentar luego otras acciones fuera de su competencia, si es que está habilitado o tiene condiciones para hacerlo, y en el mejor de los casos, le sobran recursos y disposición tras haber cumplido con todas sus obligaciones.
En el caso de los gobiernos, ya sea nacionales como departamentales, hay todavía más condicionantes de por medio, cuando se debe administrar el dinero de todos los contribuyentes, en forma criteriosa y determinando prioridades en base a competencias y necesidades, cuando además siempre los recursos son insuficientes.
En los gobiernos departamentales existen competencias bien definidas, que refieren a que los recursos de origen municipal, esto es fundamentalmente lo que se percibe a través del impuesto Patente de Rodados y Contribución Inmobiliaria, deben atender las necesidades en materia vial tanto en ciudad como en el interior departamental, alumbrado y proyectos de infraestructura para el desarrollo, que a su vez puede ser encarado en conjunto con el gobierno nacional.
Existen también otras acciones posibles y hasta necesarias a veces, en materia de apoyo en el área social, en coordinación con los organismos competentes del gobierno nacional, pero sin superponer competencias y sobre todo sin utilizar los escasos dineros del departamento en áreas en las que el gobierno nacional está omiso o corto en la respuesta.
Por lo tanto, entre la intención y las posibilidades suele haber un trecho demasiado grande, que tiende a dejar en un segundo plano las expectativas de los ciudadanos cuando eligen un gobierno, desde que a menudo se desdibujan las prioridades y se administra recursos como si fuera bienes de difunto, de libre disponibilidad absoluta. Peor aún, muchas veces se da el contrasentido de que una y otra vez se proclame la necesidad de más recursos sin considerar cómo se utilizan y en rendir cuentas sobre lo actuado.
Un caso flagrante lo hemos tenido en estos días, cuando la Intendencia de Montevideo anunció que entre sus proyectos de concreción inmediata figura la incorporación de un canal propio de aire –ya cuenta con uno por cable—para divulgación de sus actividades, lo que naturalmente sería de costo de las arcas de los contribuyentes montevideanos.
Estamos hablando de un proyecto que se inscribe en una realidad muy distinta a la del Interior, por cuanto en Montevideo sus ciudadanos cuentan con una televisora propia hace ya muchas décadas, si tenemos en cuenta que el Canal 5 Sodre es financiado por todos los uruguayos, pero su gestión es eminentemente capitalina, se ocupa de la problemática montevideana, de la misma forma que lo son sus directores y funcionarios, como así también su infraestructura, aunque tenga repetidoras y se difunda por cable en el Interior.
Incluso podría ser de recibo, con muy buena voluntad, que se abordara este proyecto de canal propio si se tuviera resuelto definitivamente el aspecto de las obras viales en la ciudad, se hayan eliminado los pavimentos deficientes y se atendiera en buena forma el mantenimiento, como asimismo la iluminación, el ordenamiento del tránsito y la limpieza, aspectos todos en los que hay consenso respecto a que lejos de superarse los problemas, se han ahondado y hay un notorio déficit en la gestión del municipio.
Lo que al fin de cuentas debería ser solo un problema a resolver por los montevideanos, pero resulta que incluso las autoridades municipales de la “tacita del plata” pretenden obtener más recursos del gobierno nacional debido al presunto costo de la “capitalidad”, es decir al supuesto costo adicional que le significaría a Montevideo ser la sede de los organismos del gobierno central, de las respectivas dependencias centrales del Estado y hasta del Parlamento, entre otras “cargas” inherentes a esta condición.
Este planteo llamaría a risa si no fuera porque se hace en serio, cuando en realidad lo único que causa la “capitalidad” son beneficios y privilegios. De hecho, mal no le vendría al Interior que los montevideanos, nos “castiguen” con algo de ese “perjuicio” que les significa tener toda la infraestructura y servicios de importancia en su ciudad. Por ejemplo, aceptaríamos de buena gana tener un IMAE cardiovascular tan siquiera para el norte del río Negro; o los servicios médicos de alta especialización con que cuenta Montevideo; o un puerto de aguas profundas en La Coronilla; o una planta de biodiesel en Paysandú; o una Universidad en serio, para que nuestros jóvenes no tengan que irse para estudiar cualquier cosa que no sea una tecnicatura, entre innumerables ejemplos.
Tampoco le haríamos mala cara a los miles de sueldos del primer mundo que se pagan en Montevideo a todo el sistema político y a los burócratas de todos los organismos del Estado que tienen sus oficinas centrales en la capital, que significan una millonaria inyección de dinero --de todos los uruguayos-- a la plaza capitalina. Sin embargo, resulta paradójico que Montevideo no plantee ninguna de estas posibilidades. Por el contrario, todos los IMAE cardiovasculares del país están en el área metropolitana y le niegan uno a Salto, sin importar que los ciudadanos de segunda que estamos al norte, probablemente no lleguemos vivos a ellos si sufrimos un accidente serio en este aspecto; el puerto de aguas profundas difícilmente vea la luz, porque competiría con ventajas con el de la capital. Y hasta se dispuso que la planta de biodiesel esté en la gran ciudad, en lugar de construirla donde está la materia prima, que es precisamente en el campo, en el Interior.
Pero tal como están planteadas las cosas, en momentos en que cada vez perdemos más independencia y los representantes nacionales ya no responden al departamento que los votó sino al partido, es posible que Montevideo logre su objetivo. Solo es cuestión de tiempo.