LOS ESTUDIANTES, LOS TAXISTAS, ¿QUIÉN SIGUE?

Locales | 30 Oct (Por Horacio R. Brum) Fue un miércoles complicado en Santiago y las principales ciudades de Chile. Los taxistas colectivos, choferes de ese anacrónico medio de transporte en el cual cinco adultos, algún niño, paquetes y bolsas comparten un auto que hace las veces de ómnibus, resolvieron manifestar su descontento con el gobierno mediante bloqueos de las calles y avenidas claves para la circulación del tránsito.
En un país que bajo su delgado barniz de desarrollo muestra siempre rasgos de atraso, los taxis colectivos --antecesores, en otros países, de las líneas de ómnibus urbanas; por eso es que en Argentina a los ómnibus se los llama popularmente colectivos-- son fundamentales para que los habitantes de las extensas barriadas suburbanas puedan llegar hasta las estaciones del ferrocarril subterráneo, a las paradas de autobús e incluso, en recorridos de varios kilómetros, hasta el centro de la ciudad. Pintados de negro, amarillo o naranja, se cuentan por decenas de miles en todas las concentraciones urbanas y suelen estar “atendidos por sus propios dueños”, quienes los tienen como única fuente de ingresos. Sin subsidios ni apoyo estatal de ninguna clase (a diferencia de las empresas de ómnibus), estos trabajadores sufren directamente las variaciones del precio del combustible, que en Chile está sujeto a los avatares del comercio internacional del petróleo. Por ello, el gremio inició hace algún tiempo conversaciones con el Ministerio de Transportes, para negociar algunas ayudas, como la rebaja del impuesto a los combustibles. El Ministerio se negó a esto último, aunque ofreció apoyo para la conversión a gas de los motores, y el estancamiento del diálogo provocó el paro.
El gobierno del presidente Piñera reaccionó ante la movilización con el uso de la fuerza policial y algo que se oye con cada vez más frecuencia en boca de las autoridades: la amenaza de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Creada por otro gobierno de derecha, en la década de 1930 y hecha más severa por la dictadura de Pinochet, en 1975, esta ley puede compararse con las Medidas Prontas de Seguridad uruguayas, cuya aplicación en los años 60 contribuyó a crear el clima para la caída de la democracia. Las Medidas Prontas de Seguridad debían, al menos, tener la aprobación parlamentaria; la aplicación de la ley chilena, en cambio, está sujeta a la discreción del poder Ejecutivo y los taxistas colectivos podrían ser castigados con altas penas de cárcel, por bloquear las calles.
El ministro de Transportes justificó la medida porque los choferes “están siendo muy descriteriados” en sus protestas y causan molestias a los demás ciudadanos. Para el presidente de los “colectiveros”, las autoridades no son capaces de resolver los problemas y “el único camino que tienen para avanzar es la represión, reprimir a la gente”. Lo cierto es que ésta es una impresión que se está generalizando, a medida que se extiende el clima de protestas que comenzó con el movimiento estudiantil, en mayo de este año. Recientemente, el gobierno elaboró unos proyectos de ley que pueden convertir en actos criminales manifestaciones como la ocupación de los liceos por parte de los estudiantes, y ha estimulado a las fuerzas policiales para que entablen demandas contra quienes se oponen a ellas.
Tal es lo que sucedió hace una semana, con varios legisladores que tuvieron un forcejeo con los policías que desalojaron a un grupo de estudiantes de la barra de la cámara de diputados, por órdenes del presidente oficialista del cuerpo. En ese contexto, hay que tener en cuenta que la policía chilena tiene carácter paramilitar y que los civiles que protagonicen incidentes con ella pueden ser procesados por la justicia militar. Aunque los estudiantes están regresando paulatinamente a las clases, siguen en estado de alerta porque el gobierno todavía no da respuestas satisfactorias a las demandas en temas básicos, como la gratuidad de la enseñanza universitaria y el fin de los negociados con la educación. Otros sectores están preparando más reclamos: los empleados públicos, por ejemplo, pedirán en la primera semana de noviembre un aumento de sueldos del 10%, pero las autoridades ya han dado a entender que sólo ofrecerán poco más de la mitad de esa cifra. Los empleados fiscales se cuentan entre los más combativos de los trabajadores sindicalizados, porque están relativamente protegidos del terrorismo laboral, con despidos arbitrarios, contratos abusivos y engaños con el cálculo de los salarios, que mantiene controladas las amenazas de paro en la mayoría de las empresas privadas. Por ello, bien puede suceder que en noviembre comience a hervir otro caldero de conflictos y la pregunta es si el gobierno de Sebastián Piñera responderá “echando bencina al fuego”, como se dice en el habla popular chilena, mediante el aumento de la represión y el uso de la Ley de Seguridad del Estado.