Opinion | 27 Oct El Ministerio del Interior dio a conocer una encuesta que fue difundida con el título “72% de los uruguayos cree que aumentó el delito; sólo fue víctima un 27% de la población”. La misma, realizada por Equipos Mori a solicitud de la Secretaría de Estado, trata sobre “niveles de victimización, percepción de inseguridad y grado de confianza institucional en Uruguay”. Allí se detalla información que da cuenta que el 56% de los uruguayos considera probable o muy probable que lo asalten el próximo año, pero sólo el 4% fue asaltado en el último año. En tanto, el 44% considera muy probable que sufra algún delito en los próximos meses.
Asimismo, el 72% de los 1.700 encuestados residentes en localidades de más de 1.000 habitantes consideró que la delincuencia aumentó en el país, siendo la cifra igualmente abultada si se discrimina al encuestado por género, la región donde habita, su edad, nivel educativo o socio económico, o autoidentificación ideológica.
Sin embargo, la encuesta incluye información sobre hechos cuantificables: el 5% sufrió un robo personal con violencia en el último año, 1% sufrió o conoce a alguien que vivió el robo de su vehículo y el 8% de un autoparte; al 4% de los encuestados le robaron su moto y a otro 4% la bicicleta, mientras que el 9% vivió en el último año un robo a su hogar y el 28% de los encuestados fue víctima de al menos un delito contra la propiedad en el último año. Como consecuencia de esta situación, el 50% colocó rejas en su vivienda y el 41% tiene perros guardianes. El 35% puso una alarma en su auto y un 11% en su vivienda.
Estos porcentajes, indudablemente, están muy lejos de ser “sensaciones térmicas” y podríamos preguntarnos también si son elevados o no para un país como Uruguay, aunque plantearnos ese interrogante posiblemente nos lleve a una discusión estéril que poco a aporte, ya que se trataría de la pregunta equivocada.
La pregunta correcta es ¿cómo abatimos esos porcentajes? Porque si empezamos a hacerlo esta será una sociedad más segura pero también más justa. En ese sentido, es importante señalar que el 84% de los encuestados está a favor de mantener los antecedentes de los menores infractores, un tema en el que parece haber consenso entre la población pero irresolución entre quienes tienen que actuar para llevar a cabo la decisión. Por otra parte, es inadmisible que Presidencia titule un artículo diciendo que “sólo” fue víctima un 27% de la población. Porque un 27% significa uno de cada tres ciudadanos, y porque para los afectados es todo.