Opinion | 04 Nov Pocos días después de que lograra la reelección por abrumadora mayoría, el gobierno de la presidente Cristina Fernández ha anunciado medidas económicas que rompen con la continuidad de políticas que se han desarrollado durante muchos años, y que a la vez eran consideradas por voceros del gobierno como un sostén de la “estabilidad” del vecino país, con una base en subsidios que en realidad solo han ocultado una realidad muy diferente.
Precisamente cuando aún están resonando los ecos del acto eleccionario, ante las dificultades que viene presentando el balance de las cuentas públicas el gobierno argentino anunció la eliminación del cien por ciento de los subsidios que percibe un conjunto de actividades empresariales, así como la creación de una comisión que analizará del total de subvenciones de servicios a empresas y particulares, cuáles se eliminan, cuáles se modifican y cuáles permanecerán.
Pero el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien hizo el anuncio junto a su par de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, subrayó que pese a la eliminación de los subsidios, “las tarifas no se modifican”, procurando tranquilizar a la población sobre las consecuencias que inevitablemente deberá acarrear este sinceramiento parcial de la economía, sin los cuantiosos recursos que subsidien costos que están por encima de los precios de comercialización de bienes y servicios.
Y como en la economía nadie ha logrado todavía reproducir los panes y peces como Jesucristo en la Biblia, es evidente que alguien va a tener que pagar la diferencia que antes era absorbida por estos subsidios, para los que se obtenían recursos de los impuestos al agro fundamentalmente, pero también de otros sectores del tejido productivo.
El deterioro de las cuentas fiscales es seguramente el detonante de la decisión. Este es el desenlace inevitable cuando se apuesta a subsidios sin término, solo con el objetivo de disfrazar costos que con el tiempo se hacen insostenibles, a la vez que se desalienta la inversión, como ha ocurrido en áreas como el gas, el petróleo, entre otras, que han llevado a crisis de abastecimiento pese a contar con reservas en abundancia.
El peso de las decisiones recaerá en el trabajo de una comisión que estará integrada por funcionarios del Ministerio de Economía, el que tendrá, además, en forma permanente representantes de empresas, entes reguladores y agrupaciones de consumidores y usuarios.
El titular de Economía elogió igualmente los subsidios que mantuvo y potenció desde el gobierno que integra, pero reconoció que “hay cuestiones que hay que cambiar” y aseguró que los criterios apuntarán a mejorar “la equidad para que sigan mejorando la distribución del ingreso y también la competitividad para seguir generando puestos de trabajo”. Explicó que se redireccionará “el sistema de subsidios en algunos casos eliminándolo, en otros reduciéndolo y en otros manteniéndolos de forma plena”.
Entre los que se eliminarán en un cien por ciento mencionó al sector bancario, el financiero, el asegurador, los aeropuertos internacionales, los puertos fluviales, de pasajeros, los juegos de azar y las empresas de telefonía móvil de alcance nacional, todo lo que significará el ahorro de unos seiscientos millones de pesos argentinos como “primer paso”.
Pero ya horas antes las autoridades del equipo económico dispusieron limitar o directamente prohibir la venta de dólares por encima de determinados montos, como consecuencia de la fuga de capitales, y de esta forma frenar la salida de divisas mediante prohibiciones, controles e inspecciones, de forma de amedrentar a los ahorristas que buscan ponerse a cubierto de una inflación no reconocida de entre el 20 y el 25 por ciento anual y del atraso cambiario. Una idea del escenario lo da el hecho de que se estima que en lo que va del año se fugaron 22.000 millones de dólares de la Argentina, simplemente porque los argentinos no confían en su moneda, en la inflación “oficial” y la economía disfrazada, y ya nadie duda que estas medidas alentarán la creación de un mercado negro de dólares. El paulatino desmantelamiento de los subsidios va en la dirección acertada, es decir, de sincerar la economía, lo que no va ser nada fácil, porque alguien va a tener que pagar por la “fiesta” de tantos años. Y no solo no va a ser fácil para los argentinos, sino que tampoco se presenta auspicioso para Uruguay si tenemos en cuenta que un escenario de incertidumbre del otro lado del charco puede favorecernos temporalmente en cuanto a radicación de capitales, pero sin dudas necesitamos vecinos con una economía sana y poder adquisitivo para que el comercio de bienes y servicios, como el turismo, no sufran efectos traumáticos.