Opinion | 07 Nov Aún tras el fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre el planteo argentino por la planta de elaboración de pasta de celulosa UPM Botnia, las cosas no han sido fáciles para la dilucidación definitiva del entredicho, primero porque los grupos activistas de Gualeguaychú se resisten, en su fanatismo, a reconocer que efectivamente la planta no contamina, y segundo, porque el gobierno argentino también es reacio a dar marcha atrás respecto a su planteo radical, cuando por intereses políticos siguió el juego a los seudoambientalistas.
De todas formas, tras la asunción de José Mujica y de Cristina Fernández se pudo avanzar significativamente en la instrumentación de algunos de los términos del acuerdo basados en la resolución de la Corte, como la instalación de un equipo conjunto y comisión de técnicos de ambos países para monitorear la calidad de las aguas en los dos puntos críticos del área, es decir los efluentes de UPM Botnia, y los que vierte el río Gualeguaychú en su desembocadura con el río Uruguay, teniendo en cuenta que hacia este curso secundario van a dar los efluentes del parque industrial de Gualeguaychú, nada menos.
Estos aspectos se enmarcan además en la jurisdicción de la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU), organismo binacional cuyos representantes reciben instrucciones expresas de ambas cancillerías en cuanto a la gestión y decisiones que se analicen en este ámbito.
Uno de los aspectos sustanciales del monitoreo refiere a que las muestras sean analizadas por un laboratorio especializado fuera de la región, en este caso de Canadá, de forma de aventar suspicacias en cuanto a la eventual incidencia de intereses políticos y particulares, para lo que se han tomado sucesivas muestras en los meses de junio, julio y agosto.
De acuerdo a lo señalado por el delegado uruguayo en CARU, Luis Hierro López, los resultados que ha recibido la CARU indican que la calidad de las aguas por el vertido de Botnia UPM no ha sido afectada, pero en cambio no ocurre lo mismo con los que han surgido en la desembocadura del Gualeguaychú, desde que los valores estarían por encima de los máximos permitidos. El punto es que pese a que se dijo que se daría el máximo de transparencia a los controles y el resultado de los muestreos, y contarse ya con los tres resultados que han arrojado cifras prácticamente idénticas, no se ha difundido el estudio, porque la Argentina se ha opuesto sistemáticamente a que se difundan, aparentemente invocando que no hay acuerdo sobre la temperatura a que deben volcarse los efluentes.
Por supuesto, este impedimento es meramente una excusa, y no cuesta mucho inferir que Buenos Aires pretende darle largas al asunto y acomodar el cuerpo para que no resulte tan fuerte el impacto en la opinión pública de su país, sobre todo en los grupos radicales de Gualeguaychú, que no van a aceptar así nomás que los muestreos arrojen un resultado distinto a lo que ellos han proclamado una y otra vez como la verdad revelada.
Pero una cosa son los intereses argentinos y otra los uruguayos, pese a la armonía que debería reinar entre países hermanos, y es de tontos pretender ignorar la realidad, más allá de que seguramente en la vecina orilla no va a faltar quien cuestione los resultados y denuncie “maniobras” de las multinacionales e intereses inconfesables para ocultar la “contaminación”, porque los estudios precisamente dan cuenta de que el problema está en el otro lado del río y no del uruguayo.
Pero no se trata aquí de buscar culpables, sino de reconocer la realidad y establecer pautas de trabajo a partir de lo que den cuenta los estudios que ha efectuado el laboratorio internacional, mirando hacia adelante y acordando las acciones que correspondan para corregir las causas de que el río Gualeguaychú contamine.
Lamentablemente el gobierno uruguayo, a través de su canciller Luis Almagro, ha equivocado el camino, y en lugar de “rezongar” a Luis Hierro López por reclamar que se informe sobre los resultados que indican que la planta de celulosa no contamina, debería efectivamente instar a la Argentina a que deje de poner obstáculos a la divulgación del informe, si es que el gobierno del vecino país realmente quiere preservar la calidad del río y no justificar la forma irracional en que se ha actuado durante años.
Más recientemente, el presidente uruguayo pidió terminar la polémica con Argentina sobre los resultados del monitoreo conjunto del río Uruguay y dijo estar dispuesto a negociar la difusión de los datos con la propia presidenta del país vecino, Cristina Fernández de Kirchner.
“Cuando las cosas se trancan, yo voy por ahí por el medio, entonces trato de ir a zurcir. Voy por arriba y veo cómo arreglar, siempre tratando de descomprimir”, manifestó Mujica al diario El País, al acotar que “indirectamente, todo lo que sean las asperezas de las relaciones no nos favorecen para la próxima temporada turística, en la que, al igual que todos los años, los argentinos constituyen la mayoría de los visitantes”.
Lo que es cierto, pero nuestro país no puede seguir condicionado a que para dar a conocer la verdad, ante tantas sandeces, se acepte resignadamente que desde la otra orilla se nos marque la agenda y los tiempos en base a intereses políticos propios.
Está bien dialogar, zurcir, recomponer y hacer todo lo posible para que la relación bilateral se desarrolle en la mejor forma posible, por lazos históricos y porque la integración y la complementación es un mandato entre hermanos, pero no por ello debe dejar de separarse la paja del trigo, y de hacer lo que se debe hacer como estado soberano.