Opinion | 01 Nov Recientemente nos referíamos en nuestras páginas al condicionamiento que imponen al desarrollo del país las carencias en materia de infraestructura en una serie de áreas, pero sobre todo en lo que refiere al apoyo a sectores productivos que han tenido gran expansión en los últimos años, como es el caso de la forestación y la agricultura, que tienen como común denominador la necesidad de que se saque en tiempo y forma producción de gran volumen y bajo valor relativo a los centros de procesamiento o puertos de cabotaje y ultramar para su exportación.
Ocurre que estos emprendimientos son de carácter privado pero a la vez constituyen polos productivos que son puntal del desenvolvimiento socioeconómico, y por lo tanto el Estado no puede ser ajeno a la generación de infraestructura para la causa mayor que es el crecimiento con desarrollo, desde que una logística aceitada es fundamental para competir llegando en tiempo y forma a los lugares de destino.
Estamos ante un desafío que implica centenares y miles de millones de dólares que no están en condiciones de volcarse por el Estado con este destino, desde que hay prioridades y su participación debería limitarse a aquellas áreas en las que por su naturaleza y falta de rentabilidad no existe interés privado. Pero claro, no se trata de “esperar sentado”, como bien lo señalara el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, a que los inversores se presenten ante el gobierno uruguayo y planteen su interés en participar en este esquema de generación de infraestructura, aunque algún caso podría darse, desde que el Estado debe tener su rol como gestor de las inversiones que son de interés general, y para ello cuenta con instrumentos incorporados recientemente que de ser bien aplicados deberían contribuir a generar la infraestructura que tenemos en el debe, tanto en carreteras como en puertos, en el ferrocarril, en capacidad de almacenaje, entre otras áreas.
El secretario de Estado anunció que el gobierno comprendió que no debe limitarse a esperar que los empresarios lleguen para asociarse con el Estado, sino que es necesario “ir a buscarlos”, con el fin de intentar convencerlos de que apuesten por Uruguay. Y en este contexto un elemento a favor del país sería acelerar la puesta en marcha de los proyectos enmarcados en la Ley de Participación Público Privada (PPP), que apunta a que se puedan encarar obras de infraestructura necesarias ante el crecimiento de la economía. De acuerdo a lo manifestado por el ministro a El Observador, esto debe implicar un cambio de estrategia, por lo que a partir de esta semana las autoridades que tienen entre sus cometidos implementar este modelo iniciarán junto a empresarios de nuestro medio una serie de giras por varios países con el objetivo de promocionar lo que consideran ventajas y garantías que tiene el Estado para ofrecer a quienes tengan capitales para invertir.
En este contexto el titular del MTOP mantendrá reuniones con empresarios españoles en Madrid, junto a integrantes de la Corporación Nacional para el Desarrollo y otras autoridades gubernamentales, en tanto próximamente se encarará una gestión de similares alcances en Chile, y la idea es extender esta línea de trabajo con visitas específicas a otros países con potencial inversor. La ley de Participación Público Privada refleja una línea de acción que la izquierda cuestionó muchas veces, cuando estaba en la oposición, con el argumento de que era una forma de “privatizar” y para ello contó con el apoyo del Pit Cnt y sobre todo de dirigentes gremiales de los organismos del Estado, que ahora están parados precisamente en la vereda de enfrente cuando el Frente Amplio, en el ejercicio del gobierno, cambió su óptica y consideró que efectivamente es fundamental contar con instrumentos de concesión de obra y asociación con privados para apuntalar el crecimiento con infraestructura.
En esta línea, el presidente José Mujica decidió apostar a la coparticipación público privada y logró que se aprobara en el Parlamento el proyecto PPP, que sin dudas constituye la mayor reforma en lo que va de su administración, aun contra lo que la fuerza de gobierno pregonó e hizo durante décadas cuando era oposición.
Al contar con esta norma, es preciso hacer el mejor uso posible del instrumento, en beneficio del país, captando interesados en desembarcar capitales para creación de infraestructura en las modalidades contempladas en la ley, que prevé que los privados se puedan asociar para realizar las obras con el Estado como garante, incluyendo emprendimientos como carreteras, puentes, puertos, cárceles y obras para la reconstrucción del ferrocarril, lo que da la idea de la importancia de esta iniciativa en cuanto a su proyección para el desarrollo del Uruguay.