Nacionales | 09 Nov La Comisión de Salud del Senado inició ayer el debate de un proyecto de ley que pretende despenalizar completamente el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el primer paso parlamentario de un proceso que se prevé culminará antes del fin de 2012.
Se espera que este proyecto, impulsado por el Frente Amplio, sea aprobado sin problemas tras su debate, según indicó la senadora Mónica Xavier, una de las principales defensoras de la iniciativa. Xavier explicó que el texto que se debate ahora rescata “el consenso” obtenido la legislatura pasada entre los senadores y diputados de su partido que aprobaron una ley similar que sin embargo fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez.
La decisión de Vázquez generó un abanico de críticas y obligó al mandatario a renunciar a su militancia en el Partido Socialista. Vázquez justificó su decisión de imponer su veto con argumentos jurídicos, científicos y éticos y actuar así en contra de sus compañeros políticos. El presidente José Mujica indicó que no vetará ninguna norma en ese sentido surgida del Parlamento.
La ley a debate despenaliza completamente el aborto hasta la semana 12 de gestación y amplía ese plazo en caso de violación, peligro para la salud o vida de la madre o si existieran malformaciones graves en el feto. Además, el proyecto señala que todas las instituciones sanitarias del país estarán obligadas a practicar abortos a las mujeres que lo soliciten, aunque reconoce el derecho de los médicos a negarse a hacerlo sin ser sancionados por ello. “Este es un debate que tiene cien años en el país. La ley actual es de 1938 y no ha servido para la finalidad que se propuso, que era la de reducir el índice de abortos. Históricamente, y de forma lamentable, el aborto ha sido considerado un método de anticoncepción. Con esta medida, unida a la Ley de educación y salud sexual que ya tenemos, pretendemos que se atiendan las excepciones”, dijo Xavier.
La senadora, médico de profesión, señaló además que esta norma “no obliga a nadie” a hacer lo que no desea y reafirmó que “una interrupción del embarazo en contra de la voluntad de la madre” seguirá siendo un delito.