Senador Jorge Larrañaga

Locales | 09 Nov Para el senador nacionalista Jorge Larrañaga el gobierno nacional se ha resistido a asumir sus responsabilidades en el área de la educación, limitándose a lo que catalogó como un “equilibrismo retórico” pero sin realmente manifestar en hechos su presunto interés en cambiar el panorama educativo del país.
Recordó a EL TELEGRAFO que su sector convocó al ministro de Educación y Cultura y a los integrantes del Codicen al Senado para “conocer si existía, desde la autoridad educativa, autocrítica y desde el gobierno, voluntad de cambio”.
Subrayó que durante la sesión “expusimos propuestas y promovimos un Acuerdo Nacional por la Educación, junto a una hoja de ruta para su concreción”, para lo que argumentó se necesita cambios radicales, por cuanto “si todo sigue como está, estaremos legitimando diferencias y exclusiones, y afectando las oportunidades de generaciones de uruguayos que quedarán al margen del proceso de la construcción de futuro”.
Sostuvo que en la sesión planteó doce propuestas que abarcan desde la escuela pública, promoviendo la escuela los 365 días del año, como también la nueva gestión de los centros de educación media, integrando la experiencia del liceo con la UTU, pasando por la formación docente, promoviendo la concreción del Instituto Universitario Superior y exigiendo la convalidación de los títulos docentes en títulos universitarios, para jerarquizar a quienes representan el motor de la enseñanza. A ello debe agregarse la creación de una segunda Universidad en el Interior, acentuando el proceso descentralizador de la Universidad.
Paralelamente destacó Larrañaga que “presentamos dos proyectos de ley, uno sobre autonomía de los centros educativos y otro con reformas a la ley de educación 18.437”, y asimismo le reclamó al gobierno “cumplir lo acordado en 2010, fijándole plazos a la Administración. Exigimos que para el comienzo del año lectivo 2012 no haya ningún centro educativo que no esté en condiciones de dictar clases”.
A su juicio en esta instancia parlamentaria se obtuvo el compromiso de cambio de las autoridades, así como el respaldo del sistema político a un gran Acuerdo Nacional, al punto que por unanimidad el Senado emitió una declaración donde establece la voluntad de “estimular un acuerdo institucional y una profunda convergencia social”, además de además la fijación de un plazo de cuarenta y cinco días para que la institucionalidad educativa elabore una agenda de cambios.
Explicó que en ese término el gobierno de la educación deberá realizar la selección de temas que elevará al presidente de la República y que será éste quien luego convoque a los partidos políticos y sectores sociales para procesar el Acuerdo Nacional, del cual el Parlamento realizará un seguimiento de su cumplimiento.
Consideró que “desde ciertos sectores” de la educación hay una equivocada comprensión del concepto de autonomía y una errónea percepción de que la “representación social” -la representación sindical- debe conducir la estructura educativa nacional. Enfatizó que la autonomía no puede oficiar como traba para los cambios y que la “representación social” no puede “corporativizar” al proceso de conducción educativo.
A su juicio no es posible que estos sectores corporativistas eludan o quieran sustituir la conducción del país” diseñada por los representantes de la ciudadanía, por cuanto “en nuestro país los partidos son los que representan las distintas corrientes de opinión que operan en la nación”.
Proclamó Larrañaga que buscará un acuerdo para “delinear una política de enseñanza que se sostenga en el tiempo” y entendió trascendente en este sentido “haber logrado una agenda para el cambio”, por lo que corresponderá a la autoridad educativa dar cumplimiento a lo reclamado por el Senado.