INDRE PARALIZADA

Locales | 06 Nov La única empresa uruguaya que extrae áridos subacuáticos --arena y canto rodado-- del río Uruguay ha debido suspender estas actividades al no otorgarle por el momento el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la renovación del permiso de extracción.
Indre S.A. extrae unos 50.000 toneladas al año de materiales del río Uruguay, destinados a abastecer la industria de la construcción del departamento, por lo que una detención de actividades complicaría al sector una vez que se agote el stock existente, ya que obligaría a obtener el material de otras fuentes, a mayor precio y con el consecuente perjuicio para el consumidor.
La situación se genera tras el vencimiento del permiso de tres años sujeto a presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental que, según el viceministro Jorge Patrone, no fue presentado en tiempo y forma a pesar que previamente la empresa recibió una multa y un plazo excepcional de 30 días.
En tanto, Carlos Poggi, responsable de Indre S.A, manifestó que dicho estudio fue entregado a la Dinama en octubre pero ésta habría manifestado que le llevará unos tres meses procesar la información y, mientras tanto, las tareas deben ser paralizadas.
Los permisos que se otorgan a la industria extractiva del río Uruguay deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental. Los decretos 435/994 – 21/09/1994, modificado en 09/ 2005 y disposiciones establecidas en el decreto 349/005, establecen la necesidad de solicitar la Autorización Ambiental Previa para actividades de Extracción de Materiales de la Clase IV de los alvéolos de dominio público. Asimismo, se requieren autorizaciones de la Dirección Nacional de Hidrografía y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Desde hace casi 20 años la empresa desarrolla la extracción de áridos en las zonas correspondientes a Paysandú, en las inmediaciones del paso San Francisco, canal de Casa Blanca entre isla Almería y la costa uruguaya, principalmente.
La extracción se efectúa mediante tres dragas areneras refuladoras que realizan la extracción de áridos mediante succión por punto fijo.
“Incomprensible”,
dice la empresa
Consultado sobre la situación, el empresario Carlos Poggi dijo a EL TELEGRAFO que “para las extracciones subacuáticas Uruguay exige a los barcos uruguayos un estudio de impacto ambiental; nosotros presentamos uno y tras eso fuimos autorizados por tres años con vencimiento en marzo pasado. Contratamos a una empresa para renovar el estudio e incluso se presentó un estudio de batimetría, pero surgieron algunas diferencias en volúmenes, por lo que la Dirección Nacional de Medio Ambiente nos paralizó el trabajo”.
Dijo que la empresa estuvo parada en cuanto a extracciones unos 20 días en setiembre, luego obtuvo un permiso provisorio y ahora lleva más de una semana paralizada nuevamente.
“La Dinama nos dice que le insumirá cuatro o cinco meses el proceso de estudio de lo que hemos presentado. Consideramos que es algo totalmente incomprensible, que no podemos estar parados cuatro o cinco meses y aspiramos a una autorización provisoria, puesto que ya hemos presentado todo lo que nos han solicitado”, agregó.
Aclaró que la empresa no ha tenido problemas con la Dirección Nacional de Hidrografía o la CARU, que también intervienen en el proceso de autorizaciones, sino con Dinama que, “por lo que se nos ha informado, puede tardar varios meses en estudiar los documentos que hemos presentado y mientras tanto pretenden que nosotros quedemos inactivos. Recibimos una notificación para detener la actividad en tanto se termina el trámite. No tiene sentido”.
Respecto al stock existente para el abastecimiento de la plaza local, Poggi señaló que “se está agotando, porque no estamos extrayendo materiales del río”. “Se ha traído con camiones desde Salto y Mercedes, a un costo mayor --que puede llegar a triplicarse--, para tratar de cumplir con nuestros clientes porque la empresa tiene compromisos de entrega de material y compromisos financieros que atender”.
Consultado respecto a la situación del personal de la empresa, dijo que en total y considerando todo el proceso desde la extracción en el río hasta la colocación en obra, involucra a unas 27 personas, las que, por el momento, no han sido enviadas a Seguro de Paro. “Es gente que trabaja desde hace muchos años con nosotros y mientras los podamos sostener lo haremos”, dijo Poggi.
Argentinos extraen
de ríos interiores
Agregó el empresario que “lo más grave de todo esto es que es tan evidente y claro que la extracción de árido no produce ningún tipo de impacto al medio ambiente porque Uruguay no exige lo mismo para los ríos interiores. Hay barcos uruguayos que trabajan en el río Negro y en el Santa Lucía y no tienen que hacer esos estudios. Pero además, Uruguay autoriza a barcos argentinos a entrar al río Negro y de allí están sacando 504 mil toneladas para llevar a Buenos Aires. Los barcos argentinos que trabajan en la zona de Colón y Concepción del Uruguay --con los permisos correspondientes-- sacan volúmenes mucho mayor a las 50.000 toneladas anuales que extraemos nosotros en Paysandú, porque su demanda es mucho mayor”, dijo el empresario.
“No fue presentado
en tiempo y forma”
El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Jorge Patrone, dijo a EL TELEGRAFO que la situación se genera tras el vencimiento del permiso de tres años sujeto a presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental que no fue presentado en tiempo y forma a pesar que previamente la empresa recibió una multa y un plazo excepcional de 30 días.
“El mes pasado, ante la circunstancia que la empresa había actuado con el permiso de habilitación vencido, que había seguido trabajando en condiciones de no regularización, se le otorgó un plazo de un mes para presentar el estudio de impacto ambiental y mientras tanto seguir trabajando. Anteriormente se le había aplicado una multa por haber transgredido (en cuanto a plazo temporal) el permiso original”, explicó el subsecretario del Ministerio.
Agregó que “la empresa presentó un recurso contra la multa, lo que dio origen a un expediente propio del tratamiento de la multa, en lugar de presentar ese mes el estudio de impacto ambiental que se solicitaba, el cual no fue presentado en tiempo y forma” y aclaró que “la prórroga otorgada por 30 días era por única vez y como algo excepcional”.
Consultado sobre la situación actual, Patrone dijo que debido a que la empresa “no presentó en tiempo y forma el estudio y la solicitud de autorización ambiental previa, no hubo más remedio que aplicar la resolución de paralizar actividades”. “El Mvotma concedió un plazo de un mes para que la empresa realizara la presentación de forma correcta de la solicitud de autorización ambiental previa y no lo hizo en el plazo que se otorgó”, reafirmó.
“Nos han dicho que Argentina permite ciertas extracciones, pero eso ya es otro problema. Desde nuestro país tratamos que no existan clandestinidades y que sea serio el procedimiento y que las empresas se ajusten a las normas que al Uruguay le dan desde el punto de vista internacional”.
Finalmente enfatizó que en este tema “el Ministerio ha demostrado la mejor buena voluntad posible porque, en caso contrario, no hubiera otorgado ese plazo de autorización provisoria por 30 días en lo cuales se permitió a la empresa seguir trabajando a pesar que no estaban dadas las condiciones para que lo hiciera, lo que constituye un mecanismo de excepción”.
“Nuestra expectativa era que en ese plazo se cumpliera con la presentación de un proyecto adecuado. La ministra firmó la resolución de autorización por 30 días” sabiendo la situación local y “teniendo la convicción que la empresa cumpliera en plazo con un proyecto que no iba a tener el más mínimo reparo”. Aclaró no obstante, que al momento de la consulta realizada desde nuestra Redacción no podía dar datos sobre la calidad del proyecto presentado.