Opinion | 11 Nov Lejos de registrarse avances en el tratamiento de propuestas y mucho menos hechos concretos en procura de mejorar la calidad de nuestra enseñanza, que se viene cayendo a pedazos desde hace muchos años, un día sí y otro también se registran desavenencias y conflictos entre los organismos rectores del sector, el sistema político y los sindicatos, los que deberían ser precisamente los generadores de un diagnóstico consensuado y de las consecuentes respuestas para encontrar salidas a un escenario que es una severa carga para el presente y que sobre todo compromete el futuro.
Pero claro, el principal obstáculo para los avances en la materia parte de los propios sindicatos, cuyos intereses han estado en la vereda opuesta del interés general, o se han ocupado mayormente de hacer primar los suyos por sobre los de los demás, fundamentalmente en lo que refiere al aspecto salarial y condiciones de trabajo, a la vez de apuntar a obtener cada vez más cuotas de poder en la conducción de la enseñanza, como si fuera un feudo exclusivo que les corresponde por derecho propio.
La Ley de Educación aprobada durante el gobierno anterior precisamente les ha otorgado más poder en esta conducción, pero en ningún momento, pese a las asambleas que se realizaron previamente en todo el país, dominadas por los sindicatos de la enseñanza, surgieron verdaderas propuestas para mejorar la educación en todos sus niveles, y en cambio se puso de relieve que todo lo que se ha propuesto responde al principio ideológico de sindicatos históricamente dominados por la izquierda. Esta semana, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se declaró “en conflicto” por el avance del Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones para la Mejora Educativa (Promejora), que fue aprobado por el Consejo Directivo Central de la Enseñanza (Codicen) en base a planteo del ex consejero Daniel Corbo.
Señala el sindicato que el proyecto promueve la competencia entre centros educativos para promover fondos, lleva a la “flexibilización laboral”, genera la estigmatización de los liceos y la división entre categorías de docentes. Según El País, los integrantes de esta Federación acusan al proyecto de ser de carácter “neoliberal”, de establecer “una educación rica para ricos y una pobre para pobres” y de promover una “chilenización” de la enseñanza, a la vez de no descartar el inicio de acciones legales por la “violación de derechos laborales y estatutarios”.
En realidad no podía esperarse otra cosa de gremios que se han opuesto sistemáticamente a toda reforma y a los cambios, por menores que sean, que no salgan de su propia iniciativa y concepción de ponerse por encima del bien y del mal, y para ello no duda en etiquetar tratando de descalificar a priori cualquier innovación. Así, la Federación se apoya invariablemente en los rótulos de iniciativa “neoliberal” y “estigmatizadora”, agregando en este caso la “chilenización”, y por lo tanto abrazando la presunta causa “justa” de organizaciones estudiantiles chilenas conducidas por una activista del Partido Comunista que pretende reformas que, en cambio, no se reclamaban cuando estaba en el poder el Partido Socialista chileno, con el mismo sistema educativo. Y a fuerza de ser sinceros, no nos preocuparía tanto que hubiera una “chilenización”, sino que se insista con la “uruguayización” que corroe la enseñanza nacional, que ha sido un factor preponderante para su decadencia, para que nuestros estudiantes sigan cayendo en la escala de las pruebas internacionales PISA; para que aumente la deserción a partir de Secundaria, para que nuestros estudiantes cada vez tengan menor nivel educativo y en formación, que lleguen a la Universidad con escasa comprensión lectora y pobreza de conocimientos, y que a la vez haya docentes y algún dirigente político de izquierda que proponga bajar las exigencias para salvar los cursos, porque lo que realmente importa es el número de egresados.
Es decir más de lo mismo, más “uruguayización”, más decadencia, y desestimar propuestas para que todo siga como está, acentuando el boicot a los cambios y propuestas que siempre pueden ser perfectibles, naturalmente, y poniéndose en la vereda de enfrente a los eventuales acuerdos políticos que respondan al interés general y no al sectorial y corporativo de los actores de la enseñanza que solo piensan y actúan en base a su propia suerte y objetivos.