Opinion | 14 Nov El procesamiento por siete delitos de la jueza e integrante del Tribunal de Apelaciones Anabella Damasco, ha tenido fuerte impacto en la opinión pública, por cuanto se trata de un marcado caso de corrupción que de una forma o de otra salpica a un poder que frecuentemente recibe cuestionamientos en sus fallos, y que en los últimos tiempos además ha agregado señalamientos de “politización” al llevarse a este terreno la dilucidación de casos en los que hay presiones de carácter político-ideológico y escenarios que trascienden el aspecto meramente técnico.
Un elemento que abona esta tesitura refiere a que pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo lo en lo que refiere a casos de aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con una integración tuvieron determinado veredicto, pero al cambiar las personas que la conforman se ha volcado a la opinión opuesta, en todos los casos con una mayoría de tres a dos, por lo que no puede extrañar que surjan dudas por no tratarse precisamente de una ciencia exacta, en la que hay aspectos subjetivos y de interpretación de normas que no son del todo claras y dejan resquicios para la controversia.
Pero en el episodio del procesamiento de la magistrada Damasco entran a tallar otros aspectos, que son inherentes al factor humano y por encima de simpatías o condescendencias políticas, desde que la tentación del dinero, a veces del poder o de ambas cosas, corroe la conciencia de quienes tienen el poder de decisión y optan por apropiarse de bienes y apostar a salir impunes por el alto cargo que ejercen.
Sin dudas que la imagen pública de la Justicia se ha visto afectada y quienes así no lo consideren, dentro de la propia Justicia, se dejan llevar seguramente más por sus deseos que por la realidad, al ser parte de una forma o de otra del poder del Estado que ha pasado a estar en el banquillo de los acusados. Debe tenerse presente además que el Poder Judicial se ubica cuarto entre las instituciones más confiables, lo que ya evidencia disconformidad de la población.
A casi dos semanas desde que la jueza Anabella Damasco fue procesada con prisión por quedarse con dinero incautado en investigaciones que ella dirigió mientras estuvo al frente del Juzgado penal de 14° Turno, el asunto sigue siendo tema de conversación entre los operadores judiciales. Debe tenerse en cuenta que se trata de una jueza respetada por todos sus colegas, que el año pasado había sido electa por segunda vez presidenta de la Asociación de Magistrados con el 70% de los votos, y que llegó a apropiarse de 55.000 dólares, como se estima en primera instancia, y eventualmente de joyas, como se estaría manejando en una investigación primaria.
En el foro judicial hay quienes aceptan la versión de que Damasco actuó presionada, como declaró, en tanto otros no dan crédito a esa posibilidad, y lo único cierto es que la jueza no dio respuestas concretas y en alguna medida hasta parecería que con cierta desconsideración hacia sus colegas, al encerrarse en un “no me acuerdo” ante las interrogantes sobre qué hizo con el dinero.
“Yo no lo usé ni lo gasté en provecho propio. El destino no lo recuerdo”, justificó Damasco. Y si bien dijo que fue “coaccionada por motivos de seguridad y amenazada”, no brindó detalles al respecto.
Aunque hay coincidencias en jueces en cuanto a señalar que el Poder Judicial “se autosaneó”, no es menos cierto que la maniobra se detectó por un reclamo de un afectado al que se le había incautado el dinero, y no por mecanismos propios de rutina para control del Poder Judicial, lo que contribuye a alimentar dudas sobre el sistema, por más que desde adentro se haga esfuerzos por enfatizar lo contrario. Más allá del caso concreto, con el paso de los días una de las preguntas que los operadores del sistema de Justicia ya analizan es cómo afectará el procesamiento con prisión de Damasco la imagen y la credibilidad de los jueces y de la Justicia en general.
Al respecto, el sociólogo Antonio Pérez García opinó que “seguramente” lo ocurrido con Damasco “generará un impacto sensible para el Poder Judicial”, pero indicó que todavía es prematuro saber cuál será y que el caso “toca una veta muy sensible que es la fe todavía subsistente en el país sobre la honestidad de los jueces” y por eso “el sistema como tal tiene que reaccionar y mostrarse tan transparente como sea posible”, según manifestó a El País.
Ante los hechos éste es precisamente el punto, que el sistema pueda poner de relieve claramente que estamos ante una excepción de carácter personal, más allá de las desprolijidades, de demoras en los procesos y procedimientos que lamentablemente caracterizan el desenvolvimiento de la Justicia en el Uruguay.
Sin pedestales, para que el creciente descreimiento ciudadano quede solo en una sensación vacía de fundamento y por ende reversible, porque el Uruguay, la democracia, las instituciones, necesita de un Poder Judicial sólido y confiable en todas las circunstancias.