Paysandú, Sábado 19 de Noviembre de 2011
Locales | 15 Nov Entre el 19 y el 35 por ciento será la exoneración de impuestos para quienes construyan o reciclen propiedades inmobiliarias para lo que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) describe como “vivienda social”, tanto para vender como para alquilar. Con esto se busca abatir el déficit de no menos de 65.000 viviendas que hay en Uruguay, según dijo a EL TELEGRAFO el presidente de la ANV, economista Carlos Mendive.
Si bien no esperan que haya una abundancia de oferta de viviendas en el corto o mediano plazo, el gobierno consideró que esta iniciativa alcanzará una oferta inmobiliaria que sea relevante en los próximos años. “Es la primera vez que se hace un llamado al sector privado para la construcción de viviendas sociales, es algo innovador”, dijo Mendive, que se reunió con el director de EL TELEGRAFO, Fernando Alberto Baccaro. También reconoció que esta solución surgió “por la demanda insatisfecha de viviendas, que el Estado no puede cubrir”, fundamentalmente para los sectores de ingresos medios.
La Ley 18.795 promueve específicamente la inversión privada en viviendas de interés social con importantes exoneraciones tributarias, tanto para la construcción y venta como para el alquiler de las viviendas, que lleva los plazos exonerados hasta los 10 años de construida y arrendada.
La ley que las jerarquías de la ANV detallaron en Paysandú, busca facilitar el acceso a viviendas a sectores de ingreso medio y medio bajo, a través de la compra o el alquiler. Incluye una serie de beneficios para los inversores privados, como exoneraciones tributarias y la creación de un nuevo Fondo de Garantía de Desarrollo Inmobiliario. Este Fondo atiende las necesidades de las dos partes, tanto para las empresas que necesiten un préstamo bancario para la construcción (hasta el 50% del capital solicitado) y también garantizará luego al arrendatario, para que se facilite el acceso al mercado de alquileres.
Nuevo o reciclado
Los proyectos de inversión a promover serán los vinculados a la construcción, refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de interés social, sea para la venta como para el alquiler.
Cualquier ciudadano, no necesariamente con empresa ya constituida, puede construir entre 2 y 100 viviendas para vender o alquilar, y tendrá sensibles descuentos en sus impuestos. Según aclaró a EL TELEGRAFO la contadora Andrea Passaron, podrá tener la exoneración total de todos los impuestos relativos a construcción de viviendas según cada escenario. Por ejemplo, “el que construye para vender recupera el IVA de compra de todos los materiales que lleva la obra, y los costos directos como el arquitecto y el agrimensor, y está exonerado del impuesto al patrimonio desde que se declara promovido hasta que finaliza la obra”.
En caso de venderla, “en la primera enajenación tendrá exonerado el Impuesto a la Renta, el IVA a la primera enajenación (10%) y el impuesto a las transmisiones patrimoniales (en ese caso, exentos tanto vendedor como comprador). Y si en vez de vender, decide alquilar, estará exonerado del pago de los impuestos: por 10 años el impuesto al patrimonio y el Impuesto a la Renta”.
Aunque no son números absolutos, porque hay variables a considerar, la contadora dijo que en el caso de construir para alquilar, las exoneraciones representarían un 33 o 35 por ciento y si es para vender, sería entre un 17% y un 19% del costo, y “seguramente cuando haya oferta importante de viviendas de interés social, los precios van a bajar”. Aclaró que “la idea es que los beneficios tributarios se trasladen a los precios de las viviendas”.
Consideraciones
para el acceso
Para ser promovidos por la ANV, los proyectos deberán contemplar varios aspectos como la satisfacción de las necesidades individuales, familiares y grupales de los destinatarios; su interacción social y física con el entorno en el que se implanten; el mejor aprovechamiento de las infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos existentes y el uso racional de la energía, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Explicó la abogada y escribana Stella Forcade que luego la propuesta es evaluada por el equipo técnico de la ANV, el cual eleva un informe técnico a la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (Caivis). La Caivis -que está integrada por un representante del Ministerio de Economía y uno del Ministerio de Vivienda- tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles desde que recibe el informe de la ANV, para expedir su informe al Poder Ejecutivo, el cual habiendo delegado sus atribuciones para el otorgamiento de los beneficios tributarios a los proyectos y actividades promovidas al Ministro de Vivienda podrá declarar la promoción de los proyectos.
Se aclaró que si bien hay un tope primario de 100 viviendas, hubo propuestas para construir mayor cantidad, y en ese caso “si son realmente de interés social, se puede autorizar por excepción”, y comentó que “el primer proyecto que ingresó era por más de 100 viviendas”.
Ya hay proyectos
Ya hay cuatro proyectos presentados en la ANV, para Montevideo, Durazno y Maldonado, dijo el arquitecto Gonzalo Varela, detallando que hay edificios de quince viviendas en altura, reciclaje de viviendas en barrio Palermo de Montevideo, otro en el barrio La Blanqueada, 15 viviendas en duplex para la ciudad de Durazno y una propuesta para Maldonado. También se hicieron consultas de otros departamentos, como Colonia, que “construirá solamente para alquilar”. Dijo también que la ley incluye obras que se hayan comenzado a construir desde el 1º de enero de 2011 y que pueden entrar en este plan de beneficios, aunque eso sería sobre lo que resta para construir, no hay -por ejemplo- devolución del IVA sobre lo que ya se construyó.
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