Nacionales | 16 Nov En medio de la crisis desatada en la educación luego que el Consejo de Educación Secundaria se opusiera a la implementación del proyecto piloto Promejora, el presidente del Codicen, José Seoane, puso su cargo a disposición del presidente José Mujica. En tanto el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Danilo Astori, reconoció graves problemas en la educación.
El Codicen se reunió con las autoridades de Secundaria, pero las partes dejaron sus posturas sin llegar a un acuerdo. Ante esto, Seoane puso su cargo a disposición del presidente. “Es un momento difícil como ustedes saben, no estamos logrando esa unión de la ANEP. Entiendo que en este momento mi contribución a un acuerdo en el interior de la ANEP es poner mi cargo a disposición”, señaló Seoane, quien considera que el programa Promejora fue votado por el organismo y que el mismo se debe aplicar.
Las autoridades de Secundaria, entre tanto, dejaron en claro que no comparten los contenidos de Promejora y no están dispuestos a ponerlo en práctica. Promejora, iniciativa proveniente desde el Partido Nacional, es un proyecto que establece un plan piloto para veinte centros de estudios que obtendrán mayor autonomía financiera a partir de la presentación de proyectos educativos con evaluaciones internas y externas. Secundaria se ha manifestado contraria porque la considera un mecanismo neoliberal.
El vicepresidente Astori dijo que hay grandes problemas en la educación y que el primer paso es reconocerlos para poder trabajar sobre ellos. “Es un proceso donde hay acuerdos y discrepancias. Las discrepancias son importantes pero lo importante es reconocer que hay problemas y ayudarnos entre todos; sin reconocer que no hay problemas no hay soluciones. Hay que definir los pasos a seguir y las medidas a incorporar, además tener la decisión de ponerlas en práctica”, afirmó.
Por otra parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga presentó un proyecto elaborado por Alianza Nacional titulado “Fortalecimiento y Protagonismo de los Centros Educativos de la Administración Nacional de Educación Pública”. Según Larrañaga, su propuesta “es una nueva señal para intentar reunir el sistema político por encima de las corporaciones, porque la educación es de interés general y no de unos pocos”. El proyecto propone: autonomía pedagógica y de gestión de los centros, para adaptarse al contexto sociocultural; formación de comunidades educativas, instituyendo la figura del profesor-cargo; participación social, habilitando a la ANEP a celebrar convenios de cooperación con las intendencias municipales; descentralización de recursos presupuestales; y evaluación y seguimiento de resultados.